Manifiesto por la aplicación inmediata de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.
Enviado por la plataformas sociales en defensa de la ley de Dependencia
Hace ya tres años que se promulgó la Ley 39/2006, de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, del 14 de Diciembre de 2006, conocida como “ley de la dependencia”. Una ley que generó muchas esperanzas y que logró la aceptación y el consenso de partidos políticos, sindicatos y tejido asociativo general.
Su implantación es parte necesaria del Estado de Bienestar. La atención a las situaciones de dependencia, a las que todas las personas estamos expuestos, es un derecho ciudadano que debe ser convenientemente provisto por el Estado con las prestaciones y servicios adecuados, no con ayudas graciables fundamentadas en consolidar la hipoteca social de mantener a las mujeres en el hogar asumiendo más trabajo no remunerado. El Derecho a una vida digna no prescribe con la edad ni con las situaciones de dependencia, su atención adecuada es un deber público.
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
• Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
• El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
• No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
• Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
• Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
Esta situación ha creado cansancio y hastío en las personas beneficiarias y sus familias. La falta de respeto y la nula sensibilidad por parte de la Administración Autonómica han frustrado las expectativas que despertó la aprobación de la ley. La Comunidad Valenciana está a la cola de la aplicación la ley en todo el estado. Sólo alcanza al 5% de la población cuando debería ser, como mínimo, el doble. Llama la atención que esta Comunidad haya gestionado apenas un tercio de lo hecho por Andalucía.
Lo confirman los datos oficiales de la Coordinación de las Comunidades Autónomas, actualización al 1 de diciembre de 2009: Personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población de las CC.AA. (fuente: SAAD-IMSERSO)
Otro dato significativo es la cantidad de recursos y denuncias que se han tenido que presentar para acceder a lo que se tiene por derecho. Más de 1800 denuncias presentadas por el Sindic de Greuges están relacionadas con solicitudes de la Ley de Dependencia no resueltas. El Turno de Oficio del Colegio de Abogados ha atendido a 590 personas en 9 meses.
Las personas dependientes y sus familias están cansadas de tanta espera y de este mal trato y mal funcionamiento administrativo
Tres años después de la aprobación de la Ley sólo pedimos que el Gobierno Valenciano la cumpla, que se reactive su aplicación. Estamos perdiendo la oportunidad de construir un sistema de derechos sociales para las personas en situación de dependencia, sin mendicidades ni aplazamientos. Se trata de hacer una sociedad mejor: es necesario, es posible.
Más allá de las palabras, hacen falta medidas concretas. La sociedad civil reclamamos:
• que se agilicen los trámites y se dé participación a asociaciones y plataformas,
• que se estudien los expedientes con profesionalidad y sensibilidad,
• que se anule el silencio administrativo negativo,
• que se elimine el decreto de incompatibilidades de prestaciones y servicios,
• que se desarrollen los recursos que ley prevé, que sean servicios públicos y de calidad
• que se aplique el carácter retroactivo desde la fecha de solicitud.
Es decir, que se dé máxima prioridad política a la aplicación de la ley de la dependencia.
Con este escrito denunciamos la situación de abandono de todo un colectivo social a la espera y desespera de la aplicación de este derecho. Lanzamos a toda la sociedad un grito de solidaridad por la dignidad de estas personas y sus familias. Es obligación de la administración autonómica, que gobierna el Partido Popular, cumplir la ley y priorizar en los presupuestos públicos la atención a las personas antes que a intereses y eventos poco transparentes.
Esperamos que estas navidades se den pasos importantes y urgimos a que se pongan en marcha las medidas necesarias antes de que termine este 2009. Son demasiados tres años de espera para el cumplimiento de un derecho.
Reclamemos esta oportunidad.
