El PSPV-PSOE solicita a la Generalitat Valenciana una aportación mínima para los municipios de 70 euros por habitante que permita medios suficientes para atender servicios básicos desasistido por la Generalitat.
El PSPV-PSOE Provincial de Alicante reclamó el pasado sábado 28 de noviembre, durante la I Conferencia de alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas celebrada en Novelda, que la Generalitat cree un fondo básico destinado a los Ayuntamientos de la provincia de Alicante de un mínimo de 126 millones de euros anuales, que permita a la corporaciones atender los servicios básicos que se encuentran desasistidos por el Consell. La secretaria general de los socialistas de Alicante, Ana Barceló, resumió los acuerdos y reflexiones del foro entre alcaldes y portavoces socialistas en el que se apostó por los Ayuntamientos como administración esencial en el desarrollo de políticas de empleo y sociales.
En la Conferencia socialista, bajo el lema ‘Liderando un Modelo Social de Progreso’, Barceló apuntó la necesidad de aplicar la ‘Declaración de Elche’ lo que supondría que las comunidades autónomas aportaran un mínimo de 70 euros por habitante para completar la aportación del Estado central a los municipios. En la provincia de Alicante esta suma ascendería a unos 126 millones de euros. En opinión de los socialistas, los municipios deben recibir una parte sustancial de los ingresos tributarios autonómicos de manera que el esfuerzo de financiación que hace el Estado a favor de los pueblos y ciudades tenga una correlación en las comunidades autónomas.
“Tenemos que aprovechar la situación de crisis para aprender la lección y, sobre todo, mejorarla. Los socialistas estamos en condiciones de hacer propuestas, tomar medidas que nacen de un ejercicio de reflexión que nos tiene que llevar a una redefinición del papel de los ayuntamientos, capaces de crear empleo y actuar en materia de política social”, explicó Barceló. Los socialistas también defendieron los esfuerzos del Gobierno de España por modificar el Estatuto del Gobierno Local y por establecer un nuevo modelo de financiación local que entre en vigor en 2011.
La secretaria general de los socialistas considera que la Generalitat debe involucrarse más en la ayuda financiera a los ayuntamientos, que les permita atender demandas ciudadanas en materia social, educativa y de fomento de empleo, especialmente cuando se ha demostrado que los municipios se encuentran únicamente apoyados por la apuesta del Gobierno de España a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los Planes E.
La dirigente socialista añadió que “la Generalitat tiene la obligación de cumplir con los ciudadanos y ciudadanas, y eso pasa por poner medidas que garanticen que los Gobiernos Locales tengan el dinero suficiente como se establece en nuestro estatuto de autonomía y en la Constitución”. A su juicio, “ya está bien de que el Consell pida con una mano dinero al Estado, mientras se lo gasta con la otra en proyectos de dudosa utilidad social. El PP valenciano debe dar el paso y cumplir con la descentralización del poder autonómico en aras de los municipios”.
En opinión de Barceló, los socialistas están demostrando en los ayuntamientos donde gobiernan que se puede hacer política positiva para los ciudadanos y ciudadanas. “Porque sólo desde una visión progresista, moderna e igualitaria, que persigue el bienestar individual y colectivo, combatiendo la exclusión social y favoreciendo el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de todos, podremos garantizar el desarrollo de los derechos de la ciudadanía”, afirmó.
Más apoyo social
Los alcaldes, que analizaron nuevas políticas y recetas en materia social, reclamaron al Consell la “inmediata aplicación” de la Ley de Dependencia y recordaron que el Gobierno de España ha destinado a la Comunidad Valenciana 168 millones de euros para este fin que no han sido revertido a los ciudadanos y ciudadanas que han reclamado la ayuda.
La secretaria general señaló que “la Generalitat tiene la obligación de incrementar los equipos humanos para las valoraciones de las personas dependientes y el establecimiento de un periodo inferior a los 60 días para el cobro de las prestaciones una vez que han sido valoradas”. En caso contrario, “nos encontraríamos con la paradoja de que las personas con menos recursos o más necesidades actúa como financieras de un Consell en bancarrota por la pésima gestión del dinero público que ha hecho el PP, destinado principalmente a eventos y proyectos que sólo benefician a los que más tienen”, comentó.
La I Conferencia de alcaldes y alcaldesas también hace un llamamiento genérico para que el Consell aumente las partidas de gasto social y para que ponga en marcha los planes de Empleo en un momento de crisis, donde el desempleo afecta más a la Comunidad Valenciana que a otras regiones.
