La promotora de l´Alamí reclama cinco millones a los propietarios

Fuente: Diario Información
La mayoría de titulares rechaza pagar por unas obras que el urbanizador aún no ha ejecutado y el Ayuntamiento avala la iniciativa de la empresa. Los propietarios consideran que el Ayuntamiento actúa con un «doble rasero», ya que, afirman, no ha pedido a la Generala el 7% de aval del coste general de la obra, y en cambio sí les solicita a ellos que hagan efectivos los pagos adelantados.
Numerosos propietarios de terrenos en la zona de l’Alamí, en Ibi, han expresado su rotunda oposición al pago global de unos 5 millones de euros que la promotora La Generala les exige por unas obras de urbanización que todavía no se han ejecutado. Los titulares, según ha podido saber este diario, no descartan recurrir a la vía judicial mientras el Ayuntamiento considera que la empresa actúa de acuerdo con el convenio.
Los trabajos en l’Alamí -que afectan a una parcela de 380.000 metros cuadrados en la que podrán construirse 1.200 viviendas- han comenzado y el pasado noviembre La Generala exigió a los propietarios el pago anticipado de parte de la obra de urbanización, por un importe global de 5 millones de euros. Los propietarios, según ha sabido este diario, contactaron con la empresa reclamando un aval debido a que la obra aún no está ejecutada, pero La Generala desestimó la propuesta.
Ante esto, en diciembre remitieron un escrito al Ayuntamiento que no fue contestado hasta que a mediados de marzo los propietarios afectados recibieron cartas del consistorio, con la advertencia de que de no pagar en un mes se recurriría a la vía de apremio, según han indicado fuentes del colectivo a este diario. Tras la recepción de las misivas, los vecinos gestionaron una reunión con el concejal de urbanismo Miguel Ángel Agüera y el coordinador municipal de Territorio y Medio Ambiente, en la que se denunció la situación y se solicitó que se paralice el apremio hasta que La Generala ejecute las obras.
Según los afectados, el Ayuntamiento denegó cualquier aplazamiento, aduciendo que la obra se harán. Agüera confirmó este extremo y afirmó que de acuerdo con el convenio firmado deben efectuarse cuatro pagos como cuota de urbanización; asimismo, agregó que algunos titulares han hecho frente al requerimiento. No obstante, hizo hincapié en que «nos han cursado algunos aspectos razonables y estamos estudiando soluciones, buscando un equilibrio de intenciones y posiciones porque nos interesa a todos que esto vaya rápido».
Los propietarios consideran que el Ayuntamiento actúa con un «doble rasero», ya que, afirman, no ha pedido a la Generala el 7% de aval del coste general de la obra, y en cambio sí les solicita a ellos que hagan efectivos los pagos adelantados.
En otro orden de cosas, aducen que las obras no debían haber comenzado, ya que el convenio fija que lo harán un máximo de 15 días después de la inscripción de la reparcelación en el Registro de la Propiedad, una medida que todavía no se ha materializado. Agüera dijo en este sentido que «una vez aprobado el proyecto, las obras pueden empezar. La falta de inscripción no la condiciona».