2 de mayo de 2018
– ¿Hijo, si matáramos a todos los malos quiénes quedaríamos?
– Quedaríamos los asesinos, papá.
Pese a que esta alegoría habla de la pena de muerte y este caso, por suerte, no está sobre la mesa, nos recuerda que cuando legislamos, esas leyes nos convierten en un tipo u otro de sociedad y, por ende, en un tipo u otro de persona. Un cambio en las leyes penitenciarias debería aplicarse para ser más justo, pero no siempre es así y algunas veces, corremos el riesgo de fomentar la violencia institucional y el terrorismo de estado. La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español, incluida dentro de la conocida como “Ley Mordaza”, que fue aprobada en solitario por el PP en 2015. No existe una sola razón que justifique la justicia como instrumento de venganza y eso es, precisamente, la prisión permanente revisable.
De hecho, el Tribunal Constitucional, a iniciativa del PSOE, está estudiando la constitucionalidad de esta pena, ya que atenta de forma evidente contra principios fundamentales de nuestra legislación penal y penitenciaria como son la reeducación y reinserción social del reo.
Dicen PP, ADIi y Ciudadanos, que el objetivo de esta pena es impedir que los delincuentes más peligrosos, que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad y pongan en peligro la seguridad de las personas, pero que no es una cadena perpetua porque está sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. Efectivamente, es contradictorio el argumento cuando se argumenta que su función es impedir que se reinserten y a continuidad se dice lo contrario.
Para PP, ADIi y Ciudadanos, el que comete uno de estos delitos, ya no está capacitado para ser reinsertado en la Sociedad. ¿Existe algún informe o estudio que sostenga esta afirmación? ¿Conocemos el número de ex convictos que reinciden tras salir de prisión y los que no vuelven a delinquir? Una afirmación tan grave debería ir acompañada de información seria y fiable que la respalde. Todo parece un tema más visceral y electoral que de seguridad.
Según un artículo de opinión publicado por Norberto J. De la Mata Barranco, Catedrático de Derecho Penal, abogado Doctor en Derecho y licenciado en Criminología, “no es cierto que mayores penas vayan a evitar hechos tan excepcionales. Jugar con ese sentimiento es jugar con el legítimo dolor de las víctimas. Si algo pone de manifiesto la criminología es que numerosos casos de delincuencia grave están vinculados con problemas de seguridad pública preventiva así como de salud mental, marginalidad y exclusión social. Es desde ámbitos previos a la comisión del delito desde donde ha de arrancar la respuesta del Estado que debe empeñar el esfuerzo en evitar que se produzca y no sólo en aparecer tras su producción con este tipo de anuncios“.
Estamos de acuerdo con lo expuesto por De la Mata; la solución no es la pena sino la prevención y esto supone actuar sobre los colectivos más vulnerables y marginados, todo lo contrario a lo que está haciendo el PP.
Yolanda Venteo Climent
