29 de julio de 2016
Por Rubén Martínez Ribera
• “En la Comunidad Valenciana hacía muchos años que la justicia no era una prioridad.»
El pasado miércoles 27 de julio me reuní en la sede de la Conselleria de Justicia con la Consellera Gabriela Bravo, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y fiscal de carrera desde 1989 especialista en menores. Ha sido, entre otros cargos, Vocal Portavoz del Consejo General del Poder Judicial hasta 2013.
En este encuentro me entrevisté con ella para que nos relatara la situación con la que se encontró cuando asumió el cargo, así como las principales medidas que ha tomado en el primer año de gobierno y en qué situación se encuentra el pago del Palacio de Justicia de Ibi.
- ¿Cuál fue la situación que se encontró en la Conselleria cuando asumió el cargo? ¿Y Cuáles son las principales medidas que ha tomado su departamento en este primer año de gobierno?
Absoluto abandono. En la Comunidad Valenciana hacía muchos años que la justicia no era una prioridad. Las infraestructuras presentan muchas deficiencias, tenemos muchos partidos judiciales con sedes que necesitan que se aborden reformas para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Por otra parte, el parque tecnológico estaba obsoleto con unos sistemas informáticos que ni siquiera eran compatibles con los sistemas que actualmente puede trabajar cualquiera en su casa, la propia Agencia Tributaria o la Policía. Tuvimos que abordar un plan de choque inmediato para dotar a los fiscales anticorrupción de medios necesarios para poder hacer su trabajo en materia de investigación.
En el ámbito penal nos encontramos con ordenadores con un estado muy lamentable y deficiente en la mayor parte de los juzgados. Y la grata sorpresa de más de 3.500 ordenadores arrinconados en un local que nadie se había preocupado de implementar.
Se ha abordado la renovación del parque tecnológico, estamos trabajando con las distintas empresas para la puesta en marcha del expediente digital. A partir del mes de septiembre vamos a desarrollar la implantación del llamado “papel 0” en el partido judicial de Gandía y a partir de ahí hay una calendarización para la puesta en marcha de las comunicaciones telemáticas. El mal llamado “papel 0” porque, en realidad eso llegará cuando se establezca también una reforma legal. Pero ya es un avance que las comunicaciones se realicen por vía telemática. Se avanzará en eficacia y eficiencia.
Hemos adoptado también medidas de refuerzo para dar solución a aquellos partidos judiciales, como Orihuela o Torrevieja, que se encontraban más sobresaturados por la carga de trabajo así como los juzgados de lo penal de Alicante que también se encontraban en una situación muy problemática y hemos trabajado con el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno para estudiar las necesidades más prioritarias en la Comunidad con el fin de solicitar al Ministerio de Justicia la creación de órganos judiciales en nuestro territorio dado que arrastra un déficit de cinco años. Hemos reivindicado la creación de 15 órganos judiciales que el anterior Gobierno renunció a su creación. Es la primera vez que esto ocurre en el ámbito de la justicia y por tanto, entendemos que esos órganos judiciales tenían que haberse puesto en marcha ya. Si bien el Ministerio con la justificación de estar un Gobierno en funciones, no se han reactivado. Nosotros lo hemos reiterado en diversas ocasiones y esperemos que si finalmente hay Gobierno podamos aumentar el número de órganos judiciales.
De todas formas, hemos trabajado con planes de choque con el Consejo para reforzar con funcionarios todos aquellos órganos judiciales más encastados.
En el ámbito legislativo, hemos puesto en marcha la ley de Memoria Histórica. Se ha creado una red de asistencia a las víctimas del delito, cuyo decreto está pendiente del informe del Consell Jurídic Consultiu.
Y en el ámbito de administraciones públicas estamos trabajando en la nueva ley de función pública porque el 30 de junio los expertos presentaron sus conclusiones. Estamos a la espera de que la otra comisión dé también su trabajo y las conclusiones para presentarlas en septiembre al Presidente.
2. Usted ha estado visitando distintas sedes judiciales de la Comunitat. Sabemos que muchas de ellas sufren deficiencias importantes en sus instalaciones. ¿Podría hacernos un breve resumen de las mimas? ¿Cómo va a solucionar la Conselleria este problema y en qué periodo de tiempos se podrían observar las mejoras?
Hemos acordado las necesidades más perentorias que presentaban las sedes judiciales. Estamos trabajando en el proyecto básico para levantar en el partido judicial de Mislata una nueva sede, estábamos con el contrato de arrendamiento para poder trasladar esos juzgados. Estamos trabajando en el proyecto para la restauración del edificio de Benalúa, cuya situación es muy deficiente, especialmente todo lo que afecta a Fiscalía. Es un proyecto que esperemos que se culmine a final de legislatura. Se está trabajando en el proyecto básico para construir una nueva Fiscalía en Gandía.
He de añadir también que la situación de los juzgados de Alzira es muy lamentable, los de Villena ¡La lista es tremenda! Pero hemos empezado a trabajar con lo que considerábamos que era mucho más prioritario. Sobre todo porque además teníamos requerimiento por parte de la inspección de trabajo. Nos hemos encontrado infraestructuras bajo mínimos. Las hemos tenido que dotar, reforzar y reorganizar para poder poner en marcha todos los proyectos básicos de todas estas obras.
La adecuación y mejora de todas las sedes en una legislatura es prácticamente imposible. Necesitaríamos como mínimo dos legislaturas. Nosotros hemos fijado una serie de prioridades atendiendo al lamentable estado que presentan cada una de ellas y estamos trabajando en la mejora de las sedes.
Y también hemos puesto en marcha un plan de eficiencia energética que hemos conseguido con Fondos Europeos para poder restaurar el Tribunal Superior de Justicia, la renovación de su sistema de climatización y su sistema eléctrico. Y aprovechar para complementar la restauración de la Ciudad de la Justicia.
Estas han sido las prioridades que hemos puesto en marcha este año y que, por supuesto vamos a seguir definiendo para el siguiente año.
3. ¿Cuál es el proyecto que tiene la Conselleria para la consolidación del personal interino de su departamento?
El personal interino tiene dos vías para poder acceder a la carrera profesional. Una de ellas es la oposición libre, donde lógicamente tiene opción para poderse presentar. Y la otra es la posibilidad de poner en marcha procesos de consolidación que, en todo caso, creo recordar que el último se hizo en el 2005 y que ahora mismo estamos estudiando la oportunidad de poder desarrollar un proceso que, efectivamente, necesitaría pruebas selectivas. A lo largo de la legislatura y en función de las necesidades que tengamos. Lo cierto es que para nosotros es prioritario acabar con la interinidad que es uno de los grandes problemas que presenta la función pública.
Y por eso, queremos desde el diagnóstico que estamos realizando, solicitar al Gobierno la retirada de las tasas de reposición para poder tener más libertad y flexibilidad para las OPEs de cada año y poder sacar más plazas que permitan a los interinos poder optar a ellas. Pero siempre, obviamente tras la superación de alguna prueba.
4. Centrándonos en la provincia de Alicante y más concretamente en Ibi, el Consell todavía no ha abondo los dos millones de euros de la construcción del Palacio de Justicia de Ibi. Sabemos de su compromiso por hacer frente a este pago pero ¿Cuándo cree que podrá ser efectivo?
Es un tema que ahora mismo está pendiente de recurso de casación. Está en el Tribunal Supremo y en cuanto la sentencia sea firme y se resuelva el recurso, por supuesto que atenderemos a las responsabilidades que la Justicia nos marque.
Como muy bien sabe, es un tema que hemos heredado del anterior Consell en una fase en la que estaba, prácticamente, con el juicio celebrado, con la sentencia condenatoria que la abogacía por una serie de deficiencias que presentaba la propia sentencia en cuanto a sus razonamientos jurídicos, desde el punto de vista estrictamente jurídico entendió que debía recurrirse y estamos a la espera de que se resuelva el recurso. Pero por supuesto que tenemos que asumir nuestras obligaciones y dar una solución al problema de Ibi.
5. La acumulación de causas judiciales abiertas a lo largo de los juzgados de la Comunitat son un problema importante en la Conselleria ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado para hacer frente a ello?
La comunidad tiene una serie de puntos negros, que son los que presentan una mayor carga de trabajo. La mayoría están, sobre todo, en la provincia de Alicante. Orihuela, Torrevieja, los juzgados de lo penal de Alicante… Otros afectan también a Villajoyosa, Novelda. Por lo que la provincia de Alicante es la más afectada fundamentalmente porque es la que más déficit tiene en cuanto la creación de juzgados. De hecho, la propuesta que se hizo en el 2011 por parte del Consejo para la creación de aquellos 15 juzgados que el Consell no puso en marcha, la mayoría estaban ubicados en Alicante.
Insisto, lo que hemos hecho ha sido reforzar estos juzgados aumentando el número de funcionarios en colaboración con la Sala de Gobierno y el Consejo. Además, se han reforzado los jueces de adscripción territorial pero, evidentemente, somos conscientes de que son parches puntuales y que estos partidos judiciales que presentan mayor carga de trabajo debido a la acumulación, necesitan una ampliación en cuanto al número de órganos judiciales. Y en eso es en lo que estamos trabajando y demandando al Ministerio. Porque los juzgados si no los aprueba el Ministerio, no tenemos competencia.
Como comunidad autónoma tenemos competencias para gestionar los medios materiales y personales, pero quien decide la creación o el aumento de los órganos judiciales es el Ministerio de Justicia. Nosotros lo que podemos hacer es reclamarlo y es lo que estamos haciendo.
6. ¿Cómo afecta la infrafinanciación que sufre la Comunitat en la justicia valenciana?
Como está afectando al resto de servicios esenciales y situando a los valencianos y valencianas en una grave discriminación con respecto al resto de los españoles. Que esta comunidad presente ese déficit con respecto a los ingresos que tiene que recibir por parte del Estado impide desarrollar políticas públicas necesarias para el crecimiento de la Comunidad.
Si atendemos con los ingresos que nos da el Estado a los servicios esenciales no podemos atender a otras políticas como planes para el impulso del empleo, desarrollar políticas en materia de fomento. En fin, una serie de políticas que son necesarias para el crecimiento económico de la comunidad.
Si tenemos que distribuir los fondos entre todas las Consellerias, los servicios públicos esenciales no estarían suficientemente atendidos. Por tanto, la gravedad de la situación de la infrafinanciación es palmaria. De ahí que no solamente el Consell sino que todas las fuerzas sindicales, organismos oficiales, empresarios, la ciudadanía están apoyando al Consell frente al Gobierno para que nos replanteemos otro modelo de financiación que nos permita poder financiar nuestros servicios como se merecen en los mismos términos igualitarios que el resto de las comunidades y que nos sitúa a los valencianos como ciudadanos de segundo orden como está ocurriendo en este momento.
Y en cuanto a la justicia, pues como todos los servicios públicos. Si no tenemos suficientes fondos, nos impide poder llevar a cabo mayores inversiones o desarrollar un plan de infraestructuras que es lo que nos gustaría porque somos conscientes de la grave deuda que arrastra esta comunidad en parte derivada de esa infrafinanciación y otra parte de la corrupción y de la mala gestión económica. Por lo que reclamamos ser tratados como ciudadanos de primera y que se evite este trato vejatorio y discriminatorio con respecto a los valencianos.
7. En general cuál es el balance que hace de este primer año del Consell de Ximo Puig.
Creo que el balance deben de hacerlo los ciudadanos. Como responsables políticos lo que tenemos que hacer es trabajar y tratar de que ese proceso de cambio que se inició el 24 de mayo de 2015 se haga realidad y que sea percibido por la ciudadanía.
Mi balance es que queda mucho por hacer. Tenemos que construir el presente mirando el futuro y buscar todas las soluciones y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que aun siendo conscientes de la escasez de recursos y de la situación de crisis económica podamos llevar a cabo la gestión y los proyectos fundamentales para que la ciudadanía perciba que aquí hay un Consell que tiene como prioridad al ciudadano. Y eso es lo que queremos consolidar. Para eso trabajaremos en nuevos modelos productivos, en la atención de los derechos de los ciudadanos y trataremos de gestionar desde criterios de eficiencia y de austeridad los escasos recursos públicos que tenemos para poder sacar adelante esta comunidad.
8. ¿Cómo valoraría los diàlegs d’estiu celebrados la pasada semana en Alicante?
Siempre es positivo. Cualquier acto que tenga como finalidad la comunicación y la cercanía al ciudadano. Al fin y al cabo somos servidores públicos y son ellos quienes deben de realizar el escrutinio de nuestra labor y por tanto creo que es importante desde la inmediatez que se puede producir en este tipo de actos donde el ciudadano puede dirigirse directamente al conseller o plantear problemas que por otras vidas pueden que no te hayan llegado para poder dar soluciones y sobre todo son actos que apuestan por la transparencia, cercanía. Y esa proximidad tiene que ser la gran protagonista en democracia.
9. Quedan por delante tres años de legislatura y mucho tiempo para seguir solucionando los problemas con los que se encontró cuando entró. ¿Cuáles son sus prioridades para este periodo?
Me gustaría dejar al final de la legislatura una administración de la Generalitat renovada, con nuevos instrumentos, con una buena regulación de la función pública valenciana con una nueva ley que espero que podamos aprobar el próximo año que nos permita profesionalizar, apostar por méritos y capacidad y la limitación de todos aquellos nombramientos de libre designación y apostar por la profesionalización y la objetivación de los méritos. Que nos permita apostar por una administración pública valenciana que sea capaz de poder desarrollar todos los proyectos políticos que este Consell tiene en marcha. Es la pieza clave junto al sector público instrumental y por tanto este es uno de nuestros grandes retos.
Espero que también tengamos finalmente aprobada y desarrollada la ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana porque es una gran deuda que tenemos con todas las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y que quede culminado el proceso de implantación de todas las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, la ley de mediación que también queremos poner el marcha a lo largo de esta legislatura y dejar unas infraestructuras decentes para que los profesionales puedan trabajar en condiciones dignas. Tenemos que afrontar ese proceso de dignificación de las instituciones judiciales.
