Camps disfraza la pasividad del Consell con descalificaciones al Gobierno

Con un aumento del paro en 2008 superior en 17 puntos a la media española y, cada día que pasa, una media de nueve empresas declarándose insolventes en el Fondo de Garantía Salarial, el Consell ha optado defender su gestión a base de descalificaciones a Zapatero.
La actitud del Gobierno de Camps, calcado del de Esperanza Aguirre en Madrid, contrasta con la de otros gobiernos autonómicos socialistas como el de Manuel Chaves en Andalucía o el de José Montilla en Cataluña, que han puesto en marcha un mayor número de medidas para capear la crisis económica.
El Consell de Camps ha emprendido muy pocas medidas específicas para combatir los efectos de la crisis. El plan de impulso de la economía valenciana, dotado con 1.394 millones de euros para los ejercicios 2008-2009, es lo único a lo que se acogen los populares valencianos, aunque el plan no incluye más presupuesto que el que ya estaba previsto antes de la crisis financiera.
Las dos medidas nuevas adoptadas por el Consell han sido básicamente dos: una nueva deducción fiscal del IRPF para compensar la subida de las hipotecas y destinar 600 millones de euros en avales para mejorar la liquidez bancaria, con la condición de que ésta repercuta en las pequeñas y medianas empresas.
Todo esto suena bonito pero hay que saber que la nueva rebaja fiscal no tendrá efecto para los valencianos “de a pie” hasta 2010 y, además, la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo puede dejar la desgravación sin efecto, es decir, como los tipos han bajado, la gente no podrá aplicarse la deducción fiscal.
La inyección de liquidez tampoco parece haber dado, por ahora, grandes resultados. El propio vicepresidente económico, Gerardo Camps, reconoció la semana pasada que los primero 100 millones de euros todavía estaban. Además, el elevado endeudamiento de la Generalitat hace que los bancos y cajas rechacen los avales de la Generalitat ya que saben que tardarán tiempo en cobrar (Ibi ha adelantado el dinero para el Palacio de Justicia hasta que la Generalitat se lo pueda devolver).
Como es práctica habitual en el partido Popular, Camps intenta desviar sus responsabilidades hacia el Gobierno central. El presidente de la Generalitat ha aumentado significativamente sus entrevistas con Esperanza Aguirre, para coordinar las críticas a Zapatero.
En Madrid, Aguirre ha afrontado la crisis con una receta muy neoliberal: bajada de impuestos, después de rechazar la propuesta de los socialistas de pactar diez grandes medidas contra la crisis y para el fomento del empleo. La presidenta madrileña ha copiado la deducción del Consell del IRPF para compensar la subida de las hipotecas, pero ha incluido otra deducción por gastos asociados a la educación. Las familias que no superen los 10.000 euros de renta anual por miembro de la unidad familiar podrán desgravar hasta 500 euros por hijo en edad escolar. Con ello se pretende compensar una mensualidad del colegio privado, el coste del uniforme o los idiomas como actividad extraescolar.
La pasividad de los gobiernos del Partido Popular contrasta con la actividad de la Junta de Andalucía y del Consell de Catalunya.
En Andalucía se ha adoptado el Pacto por la Vivienda, que compromete a la Junta a invertir 3.000 millones de euros y a las entidades bancarias a financiar con 9.550 millones el acceso a pisos protegidos durante el periodo 2008-2012. Además, un total de 1.500 millones en avales a las titulizaciones de las cajas de ahorro andaluzas. Otras medidas son el Incremento de la inversión pública y sustitución de la política de subvenciones a las empresas por otra de préstamos y avales dotada con 500 millones; un fondo de emergencia (86 millones) para empresas viables en dificultades financieras; deducciones fiscales en el tramo autonómico por compra de vivienda y ayuda doméstica; y la agilización de los trámites administrativos para iniciar una actividad empresarial.
En Cataluña se está elaborando un plan de política industrial 2009-2013 para mejorar la productividad. También un incremento de la inversión pública en un 11,4% en 2009. Una partida de 35 millones de euros para pagar temporalmente las cuotas hipotecarias de las familias que queden en paro. Además, la ampliación del importe máximo de las hipotecas que pueden beneficiarse del plan de moratorias del Gobierno; la deducción fiscal en el tramo autonómico por rehabilitación de la vivienda habitual. Y 115 millones para contratar desempleados a través de las Administraciones.