Por Enrique Martínez Piera
Para los profesionales que trabajamos en la protección de menores en situación de riesgo social, en estos tiempos de crisis, hablar de los derechos de la infancia es una necesidad de urgente justicia.
El pasado domingo se cumplieron 52 años de la Declaración de los Derechos de la Infancia y 22 años de la Convención de la ONU que da rango de compromiso nacional para el cumplimiento de estos derechos, por eso queremos reflexionar sobre las necesidades reales que afectan a una capa invisible de nuestra infancia que aún sueña con tener cubierta la adecuada atención a sus necesidades.
En nuestra sociedad actual, apresurada, olvidadiza, centrada en su crisis de consumo individual, ajena a lo que no es propio, existen muchas «infancias», una querida y atendida adecuadamente en todas sus necesidades materiales y afectivas, otra infancia que puede tener muy bien cubiertas sus necesidades materiales, pero aquejadas de ausencia de padres, de orientación y estímulo, que deambulan algo perdidos por esos años de infancia. Y una tercera infancia que no tiene cubiertas sus necesidades para desarrollarse adecuadamente, bien porque sus familias provienen con un lastre de problemas, de otras infancias rotas, sin esa parte de felicidad que le corresponde a cada niño por el simple hecho de nacer, o bien porque los errores de estos padres actuales les ha inhabilitado para atender a sus hijos.
La sociedad ensalza a los triunfadores y desprecia con la ignorancia a los perdedores, desplaza a los fracasados, margina a los excluidos. Los sistemas de protección, educativo, sanitario, etcétera, esbozan una batería de respuestas que precisa ser reforzada y ampliada.
Pero los niños de estas familias requieren un esfuerzo añadido de la sociedad por compensar el déficit de atención que se les debe como ciudadanos.
Por ello, es urgente hablar de derechos de la infancia en riesgo que precisa ser protegida. Derechos que les debe la sociedad en general y corresponde desarrollar al Estado en su versión central y autonómica, garantizando con una amplia red de recursos públicos la atención compensatoria a estas necesidades. Pero principalmente se los debe, mediante la información, sensibilización y participación, la sociedad en general, esa que conformamos entre todos.
Es imprescindible el compromiso de todos, ciudadanos y profesionales, por reforzar la responsabilidad en esa lucha por una sociedad más justa y con mayor dignidad, donde no quepan el abandono y el maltrato a nuestra infancia cercana. La crisis no puede aplastarlos.
Salimos a la calle a manifestarnos por muchos temas, pero nunca por reclamar mayores recursos, para evitar que más de 15.000 niños y niñas hayan tenido que salir de sus familias para ser atendidos por el sistema de protección.
Deberían ser una prioridad social, la sensibilización y el compromiso por garantizar la máxima cobertura de necesidades, la defensa de los servicios públicos.
Esta infancia en riesgo, además de los derechos de la declaración, tiene derecho a equivocarse y a rectificar, y a esos otros derechos implícitos, aunque no enunciados, como el derecho a una educación que integre realmente a los niños con dificultades de adaptación y aprendizaje, reduciendo las tasas de fracaso escolar y equipándoles para una mejor inserción social y profesional.
También es una prioridad ser atendidos en todas sus necesidades reales de salud, especialmente salud mental infantil, y cualquier forma de discapacidad, mediante recursos sociosanitarios, amplios, equipados con profesionales y coordinados en una tupida red que no deje escapar una necesidad sin atender.
Esta infancia vulnerable tiene derecho a ser visible, a no ser ignorada ni minimizada en sus necesarios recursos, a no quedar diluida en esa otra infancia que tiene más para crecer en igualdad de condiciones.
Esta infancia olvidada tiene derecho a ser atendida por profesionales suficientes, por recursos reales, no esbozados; como los existentes, pero en mayor proporción, calidad, personalización y coordinación.
Tiene derecho a unos servicios sociales municipales reforzados con más programas y recursos, que no estén desbordados por tanta demanda.
A que se refuerce el apoyo a sus propias familias, para que no tengan que salir o para volver pronto con ellas porque hayan superado sus problemas, y también a otras familias educadoras en cantidad suficiente para acogerlos.
A una red de centros de protección más amplia y diversificada, que personalice la atención de sus necesidades específicas en un entorno adecuado, cercano a sus mundos vitales.
A una legislación y procedimientos ágiles, claros y eficaces, con criterios compartidos y visión de futuro.
A unas administraciones comprometidas por aportar los presupuestos necesarios, a no hacerles sufrir las crisis y a liderar los procesos de mejora, integrando la participación de todos los implicados, con visión integral.
Esta infancia tiene derecho, sobre todo, a ser querida por personas comprometidas. Para ello es imprescindible que los sistemas de protección, educativo, sanitario, etcétera, cuenten con suficiente número de personas, de profesionales con formación y herramientas para realizar su trabajo en las condiciones que mejor beneficien a estos menores. La sociedad debe generar un especial cuidado para estos profesionales dada la delicadeza de su intervención en las relaciones y las emociones de los menores.
Los profesionales actuales trabajan mucho y bien por compensar la cobertura de esos derechos para la infancia menos visible, pero hacen falta más para trabajar mejor.
En la cobertura de derechos el factor humano es una clave imprescindible, para hacer real la respuesta necesaria, para hacer real la dignidad de la protección, para hacer real la garantía de los derechos de la infancia, para hacer real que somos una sociedad de progreso, solidaria, comprometida, que participa y avanza. Creemos que podemos y se lo debemos.
Fuente: diario Información
