En primer lugar mostramos nuestra sorpresa ante las declaraciones a un medio de comunicación hace una semana (domingo 27 de febrero de 2011) de la Consejera de Bienestar Social, Dñª Angélica Such, en relación a la reciente aprobación del DECRETO 18/2011 de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el PROCEDIMIENTO para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, y queremos manifestar que:
– El nuevo decreto llega con retraso, lejos de ser algo nuevo y dependiente de la buena voluntad de la consejera Angélica Such y del gobierno del Sr. Camps, viene a cumplir con la obligación que tenían de plasmar en normativa lo que hace más de un año y medio estaba aprobado en el Comité Interterritorial del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) (Madrid, enero 2010), y adecuarlo a la LEY 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; al DECRETO 171/2007, de 28 de septiembre del Consell, art. 10.2 y al REAL DECRETO-LEY 8 /2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
– Ralentiza todavía más las solicitudes, al exigirse desde el primer momento la realización del Informe del entorno del dependiente así como el informe social. Este decreto no disminuye la burocracia de presentar papeles a pesar de los discursos de modernizaron que nos da el gobierno Valenciano. Hoy en día se deberían implantar los medios telemáticos y cruzar los datos entre administraciones. Por ello, no supone una mejoría respecto al anterior dada la posibilidad de que exista un taponamiento inicial debido a que no se admitirán los expedientes que no cuenten con toda la documentación en regla.
– No se dota de presupuesto para contratar más personal técnico para hacer las tareas que tienen que realizar los técnico de los SMADs desde el primer día, lo que supone que una misma persona tenga que triplicarse y aumente todavía más las personas dependientes con derecho a prestaciones y servicios que están sin recibir dichas prestaciones del sistema.
– Se sigue con la dualidad de dos puertas de entrada en los servicios sociales: Servicios sociales de base y los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMADs), dependientes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
– Se continúa con las contrataciones temporales de los técnicos del SMADs.
– No se habla nada de los nuevos dependientes moderados que han entrado en el sistema desde el día 1 de enero (Grado I, nivel 2), 10.280 personas dependientes de ese grado, vinculándolos directamente a un servicio profesionalizado como es el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio)
– Sigue el silencio administrativo negativo, conculcando el derecho del administrado a ser tratado justamente con el silencio positivo, si el retraso en la tramitación de su expediente es por culpa y responsabilidad de la administración.
– No se elimina AVAPSA, entidad semipública (¿?) interpuesta para realización de las valoraciones, una de las principales causas del enlentecimiento de la tramitación de expedientes y la inadecuada valoración de Grado y Nivel de las personas en situación de Dependencia.
– Y finalmente, manifestar que el Sr. Camps y la Sra. Angélica Such son responsables de que las valencianas y valencianos suframos una DISCRIMINACIÓN NEGATIVA en nuestro derecho a la aplicación correcta de la Ley de Dependencia frente a otras CCAA de España. Transcurridos ya más de cuatro años de la aprobación de la Ley, se ha agrandado la brecha en la aplicación de la Ley en nuestra Comunidad frente otras CCAA, independientemente del color político, que sí están avanzando adecuadamente en su implementación.
1º) Seguimos estando en la cola de la aplicación de la Ley, junto a la Comunidad de Madrid y Canarias.:
2º) Uno de cada dos valencian@s en situación de dependencia no está contemplado en el Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana.
3º) Según los datos aportados por nuestra comunidad al Instituto de Mayores y Servicios Sociales- IMSERSO, y publicado en las estadísticas del SAAD, a fecha de 1 de marzo de 2011, más de 40.000 valencianas y valencianos se encuentran en el llamado “Limbo de la Dependencia”, con el DERECHO RECONOCIDO Y SIN RECIBIR LA PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE.
4º) Los plazos se alargan, si no es en una fase del proceso es en otra, las ayudas tardan más de 18 meses en llegar, si llegan. Muchas personas grandes dependientes (más de 15.000) han fallecido esperando la P.I.A. y los familiares pierden sus derechos al no concederse la retroactividad en nuestra comunidad desde la fecha de la solicitud.
5º) Denunciamos que la administración valenciana ha judicializado la Ley de Dependencia, obligando a acudir a los tribunales de justicia a las personas en situación de dependencia y/o a sus familiares, encontrándonos con que el Juzgado competente es el Contencioso-Administrativo, que supone el proceso más caro y largo que existe.
MÁS INFORMACIÓN:
Miquel Martorell: 607652785 (Plataforma Alicante)
Juan Bueno: 646598588 (Plataforma Alicante)
Jaume Esteban García: 651843724 (Plataforma Valencia).
