La abultadísima deuda educativa acumulada por del Gobierno valenciano del Partido Popular tiene un nuevo frente. Las Cuentas Generales de la Generalitat referentes al ejercicio de 2007 revelan una deuda de 647,3 millones de euros con Ciegsa, la sociedad pública creada por el Consell para edificar colegios e institutos, a 31 de diciembre de 2007. A esa cifra hay que añadir, al menos, los 914 millones de deuda reconocida por el Consell con las cinco universidades públicas valencianas. Los campus tuvieron que aceptar en mayo que la Generalitat vaya pagando esas obligaciones (acumuladas durante varios años) a plazos hasta 2022.
La deuda con Ciegsa, según recoge el informe de auditoría y las cuentas anuales de la sociedad, tiene su origen en la venta de inmuebles (al Gobierno valenciano), equipamiento escolar y al IVA. BDO Audiberia, la consultora que ha realizado la auditoría, propone que esos 647,3 millones pasen de ser considerados (como lo son ahora) activo circulante a deuda a largo plazo, lo cual causaría sin embargo un saldo negativo de su fondo de maniobra de 194 millones de euros, que debería ser subsanado. El único accionista de Ciegsa es el mismo Gobierno valenciano.
La liquidación de las cuentas de la Generalitat también pone de relieve otros datos, como el denunciado ayer por los socialistas: el crecimiento del número de altos cargos en la Administración. Según la oposición, desde que Francisco Camps está al frente del Consell el número de altos cargos y personal de confianza se ha disparado hasta los 319 desde los 181 que existían en la época de Eduardo Zaplana, lo que implica un gasto de 12,6 millones de euros en ese capítulo.
El consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, afirmó ayer, por otra parte, que los presupuestos de 2009 recogerán el contrato programa para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Uno de los elementos que la firma auditora y la intervención de la Generalitat recomiendan para intentar enderezar una gestión y una situación económica que presentan «diversas deficiencias».
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