Diario elplural.com
Después de todo, Francisco Camps va a resultar ser un seguidor respetuoso de la política privatizadora de la sanidad pública que inició Eduardo Zaplana. Parece como si, la sonada guerra fratricida entre ambos en el seno del Partido Popular valenciano quedara olvidada.
El gobierno de Camps acaba de anunciar que quiere mantener privatizados (“externalizado”, es el eufemismo oficial) los servicios de resonancias magnéticas, siguiendo al pie de la letra el modelo que implantó Zaplana en el 2001 y que vence el próximo mes de septiembre. Según la oposición socialista, el anterior convenio ha generado, durante los 7 años de vigencia, unos sobrecostes de 100 millones de euros para el erario público. La gran mayoría de los radiólogos valencianos critican este modelo, porque les impide responder a las verdaderas necesidades de los pacientes.
Ni límite ni control
El diputado autonómico socialista, Ignacio Subías –médico de profesión- sabe de lo que habla cuando explica por qué y cómo se han podido generar el sobrecoste de 100 millones de euros en resonancias. En el convenio privatizador de Zaplana -que ahora asume Camps- se fijó un precio por cada resonancia a las empresas privadas, con un presupuesto inicial cercano a los 167 millones de euros. Pero les dejó libertad absoluta para determinar cuál debía ser el volumen total de ellas. “Sin límite y sin control –comenta el portavoz socialista- las resonancias magnéticas se han convertido en un auténtico negocio”, denuncia.
“Derroche”
Para los próximos 10 años, el presupuesto de gasto previsto por el ejecutivo valenciano del PP en este capítulo sanitario es de 497 millones de euros. “Se trata de un derroche más, en detrimento del servicio público de sanidad donde debe controlarse el gasto para que se beneficien los pacientes, no las empresas”, critica el socialista Subías.
El doble de la media
Las cifras cantan por sí solas. En la Comunidad Valenciana se hacen el doble de resonancias, comparándolas con las que se practican en el resto de autonomías españolas de media. La Sociedad Española de Radiología, máxima autoridad en esta especialidad médica, recomienda que no se supere la ratio entre 20 y 25 resonancias por cada 1.000 habitantes. En el País Valenciano, este porcentaje es tres veces superior, según se desprende de datos estadísticos debidamente contrastados.
Peperos beneficiados
La empresa privada de resonancias Eresa es la adjudicataria del servicio en los hospitales de Valencia y Castellón. En Alicante, el convenio privatizado se lo reparten entre dos empresa: Beanaca, propiedad del empresario Carlos Paz, gestor de la Clínica de Benidorm, muy amigo de Eduardo Zaplana, e Inscanner fundada por el ex diputado del PP, Luis Concepción, recuerdan a El Plural fuentes sindicales de la sanidad pública valenciana.
No atienden a razones
Ni Zaplana escuchó a los profesionales radiólogos, como al que era en el año 2000 presidente de la Sociedad Valenciana de Radiología, Héctor Cortina, quien le pidió por escrito al entonces presidente de la Generalitat que desistiera en su intención de privatizar las resonancias (“porque hay un peligro inminente de que se convierta en un negocio”, profetizó), “ni ahora el presidente Camps atiende a ninguna sugerencia de los profesionales en radiología y gestores hospitalarios”, resume el portavoz autonómico del PSPV-PSOE Subías.
¿Listas de espera?
El PP valenciano justificó la privatización de las resonancias, en primer lugar para reducir las listas de espera. Pero este objetivo tampoco se ha conseguido, ya que el tiempo de demora actual ronda los tres o cuatro meses para confirmar diagnósticos de pacientes externos, en los 31 centros sanitarios valencianos que cuentan con este tipo de servicios.
“Opción de compra”
La alternativa socialista al derroche de fondos públicos generado por el gasto descomunal de la factura de resonancias magnéticas –según Subías- pasa sencillamente por adquirir los equipos radiológicos en funcionamiento para que sean de propiedad pública. Basta para ello, dice, que se actualice la cláusula de “opción de compra”, incluida ya en el primer convenio, pero que ni el PP, ni las empresas adjudicatarias han mostrado intención de hacerla valer.
