La inspección de trabajo ha sancionado al Ayuntamiento de Ibi con una multa de 60.000 € (10 millones de pts) por tener trabajadores sin dar de alta, percibiendo una cantidad fija de dinero todos los meses (un “sueldo sumergido”) sin tener ningún contrato que vinculara a estos trabajadores con el Ayuntamiento.
La sanción llegó hace meses al Ayuntamiento de Ibi. Este documento de la Inspección de Trabajo constaba en el registro de entrada bajo un epígrafe que no revelaba su contenido. Hace meses que el Grupo Municipal Socialista está solicitando conocer el contenido de este informe, con respuesta siempre negativa por parte del equipo de gobierno. En el Pleno de ayer día 7 de julio, la insistencia hizo que el Portavoz del Partido Popular, responsable de personal en la legislatura pasada y primer teniente de alcalde en la pasada legislatura y en la actual, Miguel Ángel Agüera, no tuviera más remedio que reconocer esta sanción.
Esto es tan grave y alarmante que exige depurar responsabilidades.
Estamos hablando de una institución pública que debe ser ejemplo y máximo exponente de cumplimiento de la ley.
Los responsables que tomaron la decisión de llevar a cabo esta ilegalidad deben hacerse cargo de esta multa (y no el pueblo de Ibi). A continuación deben dimitir, ya que estas personas son un problema para el Ayuntamiento y para la ciudadanía ibense.
En este asunto no caben excusas ni echar las culpas a personas externas. Esto es una decisión consciente, que refleja una forma de gobernar insensata, irresponsable y caciquil, creyendo que el Ayuntamiento es una hacienda en sus manos, de su propiedad, y por ser suya pueden hacer y deshacer a su antojo, saltándose a la torera las normas más elementales.
¿Alguien imagina qué hubiese pasado si una de estos trabajadores hubiera tenido algún accidente en su trabajo?, ¿quién hubiera respondido?
Desde 1932 Socialistes d'Ibi.
