Vicent García i Pascual
He evitado siempre, esta es la primera ocasión, interferir en los asuntos municipales. Lo hago, con conocimiento de causa, habida cuenta del reciente cuestionamiento, del Sr Alcalde y del concejal de Urbanismo, de determinados instrumentos urbanísticos, que permitieron en su momento, entre otros factores, salir a nuestro municipio, en las mejores condiciones, de la peor crisis industrial de nuestro municipio, y cuyos resultados, a día de hoy, son patentes.
El suelo urbanizable, como el agua, dada su naturaleza, tienen en nuestro ordenamiento jurídico, incluida nuestra Constitución, un tratamiento excepcional, siendo un bien escaso y no deslocalizable, lo que requiere un adecuado tratamiento. Confiriéndosele un papel preponderante a los Ayuntamientos en la aprobación de los instrumentos urbanísticos y en la producción del suelo, permitiéndoles, dada la función social que le concede nuestra carta magna, emplear aquellos mecanismos más justos, equitativos, agiles y jurídicamente seguros.
Este mecanismo es un “sistema neto y exclusivamente público”, sin interferencias de terceros y al margen de cualquier influencia especulativa, que no es otro que el que se ha empleado en la mayoría de las actuaciones industriales en Ibi y en todo el país. El instrumento a adoptar, dadas las circunstancias de manifiesta escasez de suelo industrial disponible, consiste en “la expropiación forzosa, mediante el procedimiento de tasación conjunta y previa declaración de utilidad pública de la actuación”, que garantiza plenamente que el Ayuntamiento sea el único agente actuante en todo el proceso, desde la adquisición de los terrenos, la adjudicación de las obras, la consiguiente reparcelación, la fijación del precio de las parcelas y la venta de las mismas con las correspondientes condiciones de uso y edificación, dado el carácter exclusivamente público de la actuación.
Este sistema es el que ha presentado recientemente el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, mediante propuesta, adecuadamente fundamentada, para el desarrollo y gestión del subsector industrial NP I-5.1 de nuestro PGOU para su inclusión en el Plan Parcial, provocando inadecuadas manifestaciones de los responsables municipales, no ajustadas a la verdad, y, lamentablemente, tachando de mentiroso al Partido Socialista.
No es cierto que no se haya empleado nunca la expropiación en Ibi, es justamente lo contrario. El Ayuntamiento ha sido la administración expropiante en la mayoría de las actuaciones industriales en nuestro municipio, y siempre con el apoyo unánime de toda la Corporación. Siendo innecesaria la aplicación de la expropiación en la inmensa mayoría de los casos, dado el buen entendimiento con los propietarios.
No es verdad que el procedimiento sea excepcional. Es el más adecuado y empleado por todas las administraciones para el tipo de proyectos como el que nos ocupa. Y no es en absoluto cierto que el mismo nos llevaría al Supremo. El sistema nunca provocaría la paralización de las obras, ni nos llevaría a tribunal alguno, solo permitiría revisar el precio ante el Jurado Provincial de Expropiación, sin paralizar el proyecto.
Tampoco es cierto que la propuesta sea extemporánea, ya que la misma se acaba de presentar cuando el Plan Parcial de la actuación, que debe de contener los instrumentos propuestos, se encuentra en proceso de elaboración.
Y, en cuanto a la financiación, el procedimiento en modo alguno provocaría la quiebra del Ayuntamiento. El mismo, no enerva la posibilidad de conveníar la actuación con la correspondiente empresa de capital público, si el Ayuntamiento lo estimara oportuno. Y, por otro lado, tratándose de una inversión con retorno, existen instrumentos financieros suficientes, dado el nivel de endeudamiento, para hacer frente al proyecto.
Señores del Gobierno Municipal, si no aceptaran la propuesta, saben bien que,
toda, o gran parte del suelo, pasaría a manos de particulares, sin posibilidad de fijar su precio, ni las condiciones de su uso, impidiendo una “oferta pública del suelo” adscrita a objetivos genéricos de política municipal.
Se trata, pues, de falta de voluntad política, para situar los intereses generales por encima de los particulares. Ibi, merece un esfuerzo en esta materia.
