El pasado 19 de noviembre se aprobó la nueva ley de educación, la LOMLOE. La educación debe ser un pilar de nuestra sociedad, por esta razón las leyes educativas deberían ser ampliamente consensuadas con los agentes educativos y políticos. Por desgracia, esto no es así. Desde la izquierda entendemos la educación como un servicio público y gratuito, que debe garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas, independientemente de sus recursos económicos y esto, a la derecha, no le gusta demasiado.
Esta ley ha salido adelante con los votos de PSOE, Podemos, Más País, Compromís, Nueva Canarias, ERC y PNV, por lo que podemos decir que ha gozado de bastante consenso.
La derecha y la extrema derecha han emprendido una campaña de bulos y mentiras contra esta nueva ley educativa, con el único cometido de desgastar y boicotear al gobierno de Sánchez. A esto se ha unido el alcalde de Ibi, compartiendo bulos en redes sociales sobre la ley, demostrando que, además de seguir las instrucciones de su partido, no se ha leído la ley.
Hay que dejarlo claro: la ley, NO elimina la educación Especial, NO elimina la religión, NO elimina el castellano y NO elimina la libertad de elección de los padres.
Lo que la LOMLOE pretende dotar a la educación pública de recursos para que los niños con necesidades especiales puedan elegir a qué centro educativo ir, a uno ordinario o a uno de educación especial, que seguirán abiertos como hasta ahora.
Las familias podrán elegir que su hijo o hija reciba una formación confesional o aconfesional, basada en valores como la libertad, la tolerancia y la no discriminación. La religión se seguirá impartiendo para quien la elija, aunque su nota no contará para la nota media.
Sobre el castellano, la ley dice textualmente “Las administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. Lo que podemos ver en este punto es que, desde el PP y el resto de derechas, o no se han leído la ley o van justos de comprensión lectora.
Referente a la libertad de elección de centro, ésta ya no dependerá del nivel adquisitivo de la familia. Cuando la elección viene condicionada por el dinero que se pueda pagar, no se trata de libertad sino de privilegio. Y la nueva ley prohíbe el cobro de cuotas ilegales en centros concertados, por lo que estos centros ya no podrán seleccionar a su alumnado en función de lo que puedan pagar.
Estamos ante una ley que apuesta por una educación inclusiva, igualitaria y pública, que haga posible la igualdad de oportunidades entre todo el alumnado, intentando compensar así las diferencias sociales.
Los ataques de las derechas no pretenden mejorar esta ley, sino denostar al gobierno. Si tuvieran un mínimo de decencia, leerían el texto y no se dedicarían a intoxicar con mentiras y bulos.
Nuria Pina Huertas
