Muchos ibenses habrán comprobado que, desde hace alguna semana, los arreglos en el Alamí han comenzado. Sin embargo, lo que la ciudadanía no sabe es que esto no es gratis. Para que haya sido posible se ha tenido que llegar a un acuerdo con Generala, actual urbanizador de la zona, y dicho acuerdo ha vuelto a consistir en una concesión por parte de nuestro Ayuntamiento. El equipo de gobierno de Rafael Serralta ha adelantado que pretende renunciar a las mejoras a las que se comprometió Generala y por las que obtuvo la condición de urbanizador, pese a ser la oferta más cara. Esas obras a las que el PP quiere renunciar definitivamente son la pista multiusos de 1.500 m2 y el arreglo del primer tramo de la Av. del Juguete, o una compensación económica acorde a dichas obras. Una ruina.
Esta urbanización ha sido un despropósito desde el principio. El PP decidió urbanizar de golpe las 4 unidades de ejecución que componen esta zona, pese a que la demanda de vivienda no justificaba dicha acción. Se adjudicó la condición de agente urbanizador a la oferta más cara. Las negociaciones con la empresa urbanizadora se llevaron en secreto y seguimos sin conocer el contenido. La pésima gestión del PP ha supuesto una ruina para los propietarios de los terrenos. Y por si esto fuera poco, cada negociación de este Ayuntamiento con la empresa urbanizadora ha supuesto una cesión, una pérdida para Ibi.
El Alamí siempre ha sido un instrumento de propaganda política para el PP. En la campaña electoral de 2007, el PP prometió a los ibenses 20.000 m2 de zona deportiva. En las elecciones de 2011, con Serralta como nº 2, Francisco Camps anunció la construcción de un pabellón multideporte y finalmente, en las elecciones de 2015 y 2019, ambas ya con Serralta como alcalde, el PP se comprometió a construir una pista de atletismo con un campo de futbol en el centro. Muchas promesas. Ningún cumplimiento.
En 2013, el equipo de gobierno del PP no aceptó la compensación económica que solicitaba la empresa del Alami, pero sí se pagaron costes que no estaban en el proyecto inicial por un valor de casi 1 millón de euros. Además, se tuvieron que realizar catas sobre el terreno ya que las calidades de los materiales no se correspondían con los acordados.
En 2014, gracias a una sentencia judicial, el Ayuntamiento recuperó la condición de agente urbanizador y dispuso de los casi 3 millones de euros en avales para acondicionar la zona y finalizarla. El tiempo pasó y el equipo de gobierno de Serralta fue incapaz de iniciar las obras. En 2018, el recurso de Generala prosperó y recuperó nuevamente la condición de urbanizador.
Lo más sorprendente es que el PP de Serralta pretende vender la gestión del Alamí como “razonable” y esta última concesión como algo positivo, como una gran acción de desbloqueo. Desbloquear una situación a base de ceder siempre, de perder siempre, no es un logro sino la constatación de la incapacidad de un equipo de gobierno.
Sergio Carrasco Martínez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ibi
