27 de octubre de 2017
El Grupo Socialista manifiesta su conformidad con el acuerdo alcanzado a propuesta de la Fiscalía, entre ésta y la defensa del ex gerente del Polideportivo de Ibi.
El denunciado se declara culpable de un delito de malversación continuado de caudales públicos y estafa procesal y deposita la cantidad demandada por la Fiscalía, que asciende a 122.265 € (cantidad que estimó un perito en la causa). También acepta la condena de inhabilitación en la función pública por nueve años. Con ello ve reducida la solicitud de privación de libertad de la Fiscalía a 2 años, cuestión que, por el hecho de no contar con antecedentes penales, le ofrece la posibilidad de eludir la cárcel, aunque atendiendo a la jurisprudencia existente, nada le garantiza al acusado que esa sea la decisión del Juez.
Este acuerdo alcanzado por las dos partes, es un planteamiento habitual en los procesos penales cuando el acusado se declara culpable. En estos casos las compensaciones sirven como atenuantes, provocando que se le rebaje la pena. En el caso de que alguna de las partes no aceptara la propuesta de Fiscalía, nada garantiza que al procesado sea declarado culpable por el Juez, bien por falta de pruebas o por otras causas que podría justificar el juez en la sentencia, por lo que sería imposible recuperar la cantidad económica demandada. Incluso en el supuesto de que se dictaminara la entrada en prisión del acusado, nada garantizaría el pago, pudiéndose declarar insolvente.
Ante las circunstancias particulares de este proceso y generales de nuestro código penal, la propuesta de acuerdo del Ministerio Fiscal es sin duda la más beneficiosa para el Ayuntamiento y por ende, para los intereses del municipio de Ibi.
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que se ha recuperado el dinero y con ello se resarce del perjuicio ocasionado a la hacienda pública, pero el daño que ocasiona este tipo de actitudes en la opinión pública difícilmente se puede reparar, con o sin entrada en prisión. La única forma de restablecer la confianza de los ciudadanos en la función pública es el aumento de las medidas de control, como la aplicación de una legislación que exija una administración completamente transparente, y la denuncia de este tipo de actos delictivos cuando se producen, que posibilite la restitución de todas las cantidades de dinero público que se sustraen, extravían o malversan.
En cuanto a la reembolso de las cantidades ingresadas al acusado en concepto de salario percibido durante la suspensión de empleo, según se nos informa, este es un proceso diferente al penal, con lo que no se pueden exigir su recuperación en esta causa.
El Grupo Socialista exige que, tras la resolución y declaración de culpabilidad con sentencia firme del Juez, se demanden estas cantidades percibidas en concepto de salario, tanto al ex funcionario como a la Seguridad Social por las cotizaciones ingresadas indebidamente durante el período de suspensión de empleo y sueldo. Todo ello siendo conscientes de que puede ser un proceso que se dilate en el tiempo debido a la previsible declaración de insolvencia del acusado.
Respecto al supuesto de que, transcurrido el periodo de inhabilitación, el acusado solicite la vuelta a su puesto de trabajo en la función pública, clarificamos que, amparados en la Ley y respetando todos los derechos legales del acusado-confeso, es el Pleno del Ayuntamiento quien tiene la potestad de aceptar o denegar la solicitud, por lo que, en el caso de que este escenario se diera, serían los integrantes del Pleno en ese momento quienes decidirían.
Grupo Municipal Socialista de Ibi
