8 de octubre de 2014
Por fin algo de justicia para los dependientes y sus familias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha declarado «nulo de pleno derecho» el copago impuesto a discapacitados y dependientes por la Generalitat desde el 1 de enero de 2014. (Para acceder a esta noticia, pincha aquí).
El decreto que aprobó el copago a dependientes y discapacitados había sido recurrido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi CV).
Esta medida obligó a las plataformas en defensa de la ley de dependencia a salir otra vez a protestar a las calles para exigir al gobierno valenciano la implantación de una ley socialista que por primera vez dotaba de derechos reales a los dependientes y que han ido pisoteando medida a medida para dejarla sin efecto.
Los jueces consideran que un copago, que es una «tasa», debe ser regulado por una ley aprobada por Les Corts y no por un decreto del gobierno, como ha sido en este caso.
El TSJ también ve otras irregularidades en el decreto de copago como la falta de un informe de impacto de género y un dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Al igual que en Ibi y utilizando la misma táctica, el Partido Popular obvia los informes que no les son favorables o directamente prescinden de ellos .
Desde el Grupo Municipal Socialista hemos presentado varias propuestas al pleno del ayuntamiento para exigir al PP valenciano que cumpla con la ley de Autonomía y Ayuda a la Dependencia, los concejales del Partido Popular de Ibi han reconocido en varias ocasiones la injusticia que sufre este colectivo tan vulnerable, pero no siempre han votado a favor de estas propuestas, alegando la tan manida necesidad de recortar gasto público para cumplir con las políticas de Rajoy.
El último concejal de Servicios Sociales del equipo de gobierno del PP ,Juan Valls ni siquiera ha tenido a bien reunirse con la Plataforma en Defensa de la Llei de Depèndencia de l´Alcoiá i el Comtat, una de las más activas y reivindicativas por cierto, para conocer de primera mano sus protestas, informes, datos y reivindicaciones. Su falta de criterio en este ámbito impide que desde la institución pública se defiendan los derechos de los dependientes como corresponde.
El Tribunal Superior de Justicia ha dado un buen espaldarazo a los dependientes y a sus familias, pero no tardara nada Fabra en “esquivar” esta sentencia y aprobar en las Cortes Valencianas ,vía proposición de ley todo aquello que se propongan y que ataca directamente a los derechos fundamentales de las personas con menos movilidad, menos capacidad económica o menos oportunidades.
Por otra parte, la barandilla del patio del Taller Ocupacional San Pascual sigue esperando ser arreglada, es incomprensible que arreglos como este que no suponen un quebranto en las cuentas municipales, al igual que la acera y barandilla mil veces pedida por el centro de primaria del Pla y Beltrán tarden años, incluso décadas en llevarlas a cabo. El Centro de Educación Especial Sanchis Banús lleva esperando la ampliación y rehabilitación del centro años y años, elecciones tras elecciones han ido prometiendo y vendiendo el inicio de las obras que finalmente llegará porque de lo contrario tendrán que dejar de dar servicio , ya que la red de agua potable esta en condiciones tan pésimas que necesita de actuaciones de urgencia, entre otras muchas deficiencias . No hay derecho a que se demoren tanto estas cuestiones prioritarias por derecho.
Los que juzgan si un equipo de personas merece continuar o no en el gobierno son los ciudadanos. Todos aquellos gobiernos especialmente los municipales que anuncian una y otra vez los mismos proyectos elección tras elección deberían retirarse de la contienda electoral antes que los ciudadanos les digan…»Se acabó, ya no me engañas más». Pero de eso hablaremos otro día. Hoy estamos contentos por esta sentencia.
Susana Hidalgo
