9 de abril de 2014
En el pleno del lunes se trataron varios temas, el más lesivo para la economía del Ayuntamiento fue la aprobación del convenio expropiatorio que regala a Promociones Santa Lucía S.L. la friolera de 3 millones y medio de euros, aprobado por el PP y el CDL haciendo oídos sordos a todos los grupos de la oposición. Según palabras de Mª Amparo Pina en temas de urbanismo, “toca de oído” y se basa exclusivamente en los informes que elaboran los técnicos que saben lo que hacen. De este tema ya publicó ayer mi compañera Yolanda Venteo un gran articulo, explicando todos los antecedentes del gran atropello dirigido y consumado por el PP, el de antes y el de ahora, el que lo inició y el que lo ha finiquitado, y les puedo asegurar que Yolanda no “toca he oído” en temas urbanísticos ya que ha demostrado durante estos años, en la más dura oposición, su gran formación profesional en temas urbanísticos. Es muy importante conformar un equipo para gobernar un Ayuntamiento que “no toque de odio”, porque de lo contrario se corre el riesgo de que sean los técnicos los que toquen la música que más les convenga.
El que salta a la vista que “toca he oído” es el concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Ibi, Juan Valls, y realmente el no es consciente de ello, por lo que no se le puede echar la culpa. Los responsables de que esta área este atendida por una persona que no tiene ni idea es del Partido Popular, que ha tragado con ruedas de molino para dejarse caer hasta las próximas elecciones .
Otro tema que se trató en el pleno de ayer trató sobre la propuesta de acuerdo que los grupos municipales PSOE e EU presentamos conjuntamente en el pleno pasado en contra del copago de las personas dependientes, la cual se dejo sobre la mesa a petición de Sara Díaz para poder «estudiar detenidamente los acuerdos a los que queríamos llegar», todos ellos encaminados a derogar los decretazos y leyes que han dejado a los dependientes sin los servicios y los apoyos necesarios para llevar a cabo sus planes de vida. En este pleno Susi Villegas, madre de un gran dependiente, les saco los colores a más de uno, aquellos que dicen defender a los dependientes y sus familias pero que se posicionan claramente con las políticas del PP, que han destrozado, boicoteado y asfixiado a los dependientes y sus familias.
De nuevo presentamos la moción en la comisión de Bienestar Social para que pasará a pleno, y de nuevo es Sara Díaz la que defiende la abstención de su grupo en el pleno, alegando un voto de confianza a la Consellería porque entienden que los concejales del PP que sus mayores están haciendo las cosas bien, han empezado por cumplir la ley de dependencia en base a el apartado 33 que dice “Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el coste del tipo del servicio y su capacidad económica personal”.
Lo que le tuvimos que decir los demás es que la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia otorgaba a los dependientes y a sus familias unos derechos que se traducen en servicios y prestaciones para las personas que no pueden ganarse un suelo, porque así lo ha decidido la naturaleza y que además necesitan en muchos casos de material farmacéutico y ortopédico que ocasiona una disminución de la economía familiar. Estas personas dependen de sus familiares para casi todo y es por ello que la ley preveía una gran cantidad de servicios específicos para cada uno de los casos.
La Comunidad Valenciana ha sido un ejemplo de incompetencia premeditada, ha ejercido el boicot más absoluto en la implantación de la ley. El PP se ha reído en la cara de los dependientes, los profesionales y las familias. Lo único que ha perseguido desde que se aprobara esta ley, pervirtiendo el sistema hasta lo inimaginable, es hacer caja con los grandes dependientes, ya que son las prestaciones que han primado porque con anterioridad a la ley de dependencia, las comunidades autónomas pagaban el 100% del coste de una plaza pública en un geriátrico y con la entrada en vigor de la ley en 2006, la financiación de las prestaciones a la dependencia recaía en un 50% al gobierno central y un 50% a los gobiernos autonómicos. De nuevo van a hacer caja con el copago a los dependientes, ya que van a cobrar por unos servicios que no ofrecen en su totalidad, que establecen el coste mínimo de las plazas en cifras que no cubren los sueldos (cada vez menos dignos) de los profesionales que les atienden. Copago que no atiende a la realidad económica ni del momento ni de las rentas familiares, porque muchas necesidades vitales se pasan por alto.
Además es un suma y sigue, ya eliminaron la gratuidad de las prestaciones para productos farmacéuticos y ortopédicos, añadiendo el copago médico. Ya recortaron las prestaciones a los cuidadores del entorno familiar y les dejaron sin cotización a la seguridad social.
El PP de Ibi sigue a pies juntillas lo que dictamina el PP valenciano, decretazos que perjudican severamente a las personas dependientes y sus familias. Un gobierno autonómico que «quiere cumplir la ley» para cobrar sin orden ni concierto y hacer caja, pero no cumple la ley para ofrecer servicios públicos de calidad pagándolos como corresponde, y el PP ibense se abstiene de rechazar estos atropellos, por supuesto Juan Valls les sigue a pies juntillas, pero sin conocimiento de causa.
Mientras tanto más de 30.000 dependientes valencianos han muerto esperando las prestaciones a las que tienen derecho por ley. Vaya «equipazo» de gente, aquí y allá. Que poca vergüenza.
Susana Hidalgo
Juan Valls, ¿Quien es ese?. ¿Que hace?. Desde luego vaya papelon que tiene. Tragar, tragar y más tragar y siempre la Reina de la Fiesta. Por favor que alguien le diga que esta haciendo el ridículo más espantoso.
Que haya dinero para pelotazos urbanisticos y no haya para dependientes , tiene miga la cosa.
Ahí tienen que estar los socialistas , valorar las prioridades de la gente.