Conclusiones de la auditoría (I): provisión para hacer frente a posibles sentencias desfavorables

Hace unos días el equipo de gobierno del PP nos facilitó las conclusiones del análisis -mal llamado en ocasiones auditoría- de las cuentas del Ayuntamiento en el periodo 2009-2011. Conjuntamente enviaron una nota a prensa donde aportaban su particular visión de los resultados, es decir, todo perfectísimo.

Por nuestra parte, como no podía ser de otra manera, también analizamos las conclusiones de la auditoría y claramente constatamos que “todo el monte no era orégano”, ni mucho menos.

Durante estos tres primeros días de la semana trataremos por partes este tema, para informar un poco más a todo aquel que esté interesado en conocer cómo se ha gestionado el dinero de los ibenses y, sobre todo, las consecuencias que estos manejos tendrán para los ciudadanos a partir de ahora.

Por acuerdo de todos los grupos políticos y con el fin de ajustar lo máximo el coste de la auditoría, en su momento decidimos no incluir la revisión de los expedientes de contratación que ya se encontraban en los juzgados. Así las cosas y reiterando nuestro interés en no gastar más de lo estrictamente necesario, convinimos que el análisis se centraría en los tres aspectos que realmente podrían preocuparnos en el área de hacienda y para el período comprendido entre 2009 y 2011:

1.- Los procedimientos judiciales en curso y sus posibles consecuencias para el Ayuntamiento.

2.- El endeudamiento del Ayuntamiento.

3.- El cumplimiento del Plan de Saneamiento aprobado por el Ayuntamiento en 2010.

En la entrada de hoy nos centraremos en el primer punto. Los otros dos los analizaremos sucesivamente entre mañana y pasado mañana.

Sin más, entramos en el “ajo”:

La nefasta gestión del equipo de gobierno del PP durante estas pasadas legislaturas han provocado que el Ayuntamiento esté inmerso en multitud de pleitos, muchos de ellos nos demandan indemnizaciones millonarias.

Dichos pleitos pueden resolverse a favor o en contra del Ayuntamiento. El PP, en un acto de fe infinito, no ha presupuestado una provisión de fondos para prevenir sentencias desfavorables, es decir, confían en que todo se resolverá favorablemente a su favor, por eso no presupuestan nada para el pago de una posible sanción. Esto es poco más que tirarse a una piscina sin saber si hay agua, aunque la integridad que peligra no es la de nuestros dirigentes “peperos” sino la de los ciudadanos ibenses. Ni siquiera se ha pedido presupuesto a diferentes letrados para conocer los posibles gastos que comportaría la defensa de estos casos.

Esta falta de provisión de gastos nos viene preocupando desde hace tiempo y así lo hemos hecho constar al equipo de gobierno y a los propios técnicos económicos en cada ocasión que hemos tenido. Siempre el resultado ha sido el mismo. El equipo de gobierno del Partido Popular sigue encargando los procedimientos sin presupuesto alguno ni hoja de encargo valorada ni nada que se le parezca. Está claro que, aunque lo que se pida sea de sentido común aplastante, basta con que nosotros la solicitemos para que se haga caso omiso de ello.

Para más “INRI”, el servicio jurídico del Ayuntamiento se ha negado a facilitar a los auditores (que el propio Ayuntamiento ha contratado) los expedientes de 6 procedimientos de suma relevancia (Construcciones Santa Lucía, Viviendas Jardín,…), por lo que las conclusiones que estos profesionales sacan no incluyen, entre otros, los posibles resultados adversos de estos importantísimos contenciosos.

¿Sería lógico que cualquier ciudadano, llegado el período de presentar la declaración de renta, contratase un asesor para que le confeccionase la misma y se negara a aportarle parte de la documentación necesaria? ¿Verdad que no? Pues en el Ayuntamiento de Ibi, con el PP manejando, todo esto es posible.

No entendemos que se consienta que profesionales que pasan abultadas minutas por prestar sus servicios jurídicos al Ayuntamiento se permitan la licencia de no facilitar la labor a otros profesionales que también están cumpliendo un encargo realizado por el mismo Ayuntamiento, salvo que, presuntamente, unos y otros estén ejecutando escrupulosamente sus “encargos”.

Bien, tras los cálculos técnicos que corresponden, las recomendaciones en esta área son que “se debería dotar una provisión de 1.485.071,89 €”, cantidad que se corresponde con el 41% de lo que se nos demanda, insistimos, sin tener en cuenta los seis expedientes excluidos.

Como puede deducirse, gracias a la gestión del PP, cualquier sentencia contraria al Ayuntamiento nos metería de cabeza en un pozo económico ya que “volamos sin paracaídas”.

Esto es lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Ibi en el tema del análisis de los procedimientos judiciales. Si os ha parecido interesante todo esto (que el PP no explica en su informe), mañana podréis sorprenderos un poco más con la segunda parte de este análisis.

Vicente Bernabeu

P.D.: Para leer las conclusiones del análisis realizado por la empresa auditora, pincha aquí.