El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que “en la provincia de Alicante con menos de 200.000 euros se podrían haber evitado los 2.800 desahucios que se han producido en 2012”, si se hubieran aplicado las medidas que proponen los socialistas valencianos. Puig ha defendido que los socialistas quieren atender a “la prevención, desde el momento que una persona empieza a tener dificultades para pagar el alquiler es cuando se puede atajar esta cuestión”.
En estos términos ha presentado hoy en Alicante, acompañado por la portavoz de socialista de Vivienda en les Corts, María José Salvador, la que ha denominado “una pionera” propuesta sobre la función social de la vivienda, en concreto se trata de una Proposición de ley que los socialistas valencianos han registrado en Les Corts que tiene como principal medida que la Generalitat se convierta en “agente de intermediación preventiva entre el ciudadano y el banco para evitar los desahucios”.
Puig ha destacado una de las principales medidas de la proposición de ley, la firma de un contrato de alquiler con derecho a compra a tres bandas, la Generalitat, el banco y el propietario del piso. Al respecto, ha afirmado que el Gobierno valenciano “debe ser un agente activo y no seguir de brazos cruzados ante un problema de miles de valencianos que están abocados a la exclusión”. En este sentido, para reducir considerablemente el alquiler, el PSPV propone que a los ciudadanos “se les trate como al banco malo, con una quita del 50%”.
La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en número de desahucios, un toral de 7.048 en 2012, con esta medida “un 60% de ellos se hubieran evitado con un presupuesto de 700.000 euros anuales”, según ha asegurado Puig. Al respecto, ha señalado que el Estatut de Autonomía “es un buen instrumento, que en la parte social está totalmente abandonado por parte del Gobierno valenciano, pero que debe cumplir con sus obligaciones”. Así, ha apuntado que “siguiendo el desarrollo de los artículos 14 y 15 de nuestro Estatuto estamos planteando esta Ley de la Función social de la Vivienda”.
Puig ha subrayado que “se trata de un texto pionero, porque lo que plantea es actuar desde el Gobierno valenciano antes del desahucio”, al tiempo que ha resaltado “todos los planteamientos que se habían anunciado partían de una situación post desahucio, mientras que nosotros pretendemos que la Generalitat se convierta en un agente de intermediación preventiva para evitarlo a través de la firma de un contrato a tres entre la Generalitat, el banco y el ciudadano para que éste último pueda mantenerse en su casa”. En este sentido, ha aclarado que “lo que se plantea es una expropiación de usufructo a tres años, que el banco se quede con la propiedad, pero que quien la ostente sea el ciudadano y su familia”.
