El Gobierno ha anunciado una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que será una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone un retorno al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y significa que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para la salud y su vida.
Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, sólo incrementan el número de mujeres muertas, o que pierden su salud, porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.
La actual legislación, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres deciden sobre su embarazo y que esta decisión consciente y responsable sea respetada.
Además, esta Ley garantiza el derecho a la educación ya la salud sexual. Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
Asimismo, la actual ley de salud sexual y reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso, en todas las comunidades autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.
La actual ley de salud sexual y reproductiva e IVE garantiza que las mujeres sean informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos que les corresponden si desean continuar con el embarazo, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, y de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. Y establece, además, un plazo de reflexión de tres días desde la recepción de toda la información, antes de que pueda practicar cualquier interrupción voluntaria del embarazo, a petición de la mujer y dentro de las catorce primeras semanas.
La mejor manera de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por todo ello, el Grupo Socialista ha presentado en el Ayuntamiento una moción con las siguientes propuestas:
1º Reconocer desde el Ayuntamiento de Ibi el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esta decisión consciente y responsable sea respetada.
2º Recordar al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa.
3º Que el Ayuntamiento se muestre contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Gallardón y rechaza la regresión que esto supondría.
Previsiblemente, si todo sigue su cauce oficial, esta moción será tratada en la próxima Comisión de Cultura y posteriormente en el siguiente Pleno.
Todo queda a expensas del voto de los diferentes grupos políticos que conformamos el Ayuntamiento de Ibi.
Que la iglesia quiera influir hasta decidir en el gobierno es lo normal, lo han hecho siempre,pero que el gobierne lo permita debería ser otra cosa. ¿Cuándo van aprender nuestros gobernantes a separar? !Que somos un estado laico, cojones!
La iglesia que siga su rumbo, que nadie se lo impide, los que quieran creer en lo que quieran creer, pues que crean, si por creer….
Pero ya está bien, que bajo esa apariencia de corderitos
se esconde la faz del «poder que más daño ha hecho y hace de la historia y en le presente» . Que los obispos están gordos pero no es de preñados, que se callen de una vez y dejen de robar. Sí de robar, voluntades y bienes. Que devuelvan todo lo que se están quedando, están apropiándose de bienes del pueblo, el señorito Aznar se lo facilitó con una ley que el «bueno» de Zapatero no atajó y por tanto contribuyó a que se mantuviera y se mantiene. Todo lo no escriturado llega la iglesia, lo registra a su nombre y se quedan tan panchos, ¡no reventaran!.
Por cierto es curioso lo de nuestra constitución, en ella se puede leer, si no recuerdo mal art. 16, «..el Estado mantendrá relaciones de cooperación con la iglesia católica y con todas las demás…» pues si es con todas no nombres a una ¡hostias!