Manifiesto conjunto de la Federación de Asociaciones Para la Defensa de la Sanidad Pública, el PSOE e Izquierda Unida:
Tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 el pasado mes de abril, la sanidad pública española ha dejado de estar configurada como un Sistema Nacional de Salud ya que el derecho a la asistencia sanitaria ha dejado de ser considerado como un derecho de ciudadanía al vincularse a que la persona ostente la condición de asegurada. La primera expresión de ello ha sido la exclusión de inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria ambulatoria. Al mismo tiempo, un colectivo de ciudadanos españoles, no ostentan el derecho a la sanidad si no reúnen los requisitos para estar asegurados.
Junto a ello, dicho Real Decreto Ley ha incorporado una modificación sustancial de la ordenación de la cartera de servicios para favorecer la paulatina incorporación de copagos en numerosas prestaciones sanitarias.
El hecho es que el Gobierno del Partido Popular ha modificado el vigente sistema de acceso a los medicamentos incrementando las aportaciones de la mayoría de los pacientes y, en el caso de los pensionistas, obligando a un repago que está suponiendo una barrera real para que este sector de la población pueda disponer de los medicamentos que necesitan.
Exclusión de más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria, copago farmacéutico, copago en prótesis, copago en dietoterapia o copago en transporte sanitario no urgente son algunos de los ejemplos de las numerosas medidas regresivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy.
A estas medidas se unirán otras como la exclusión de la cobertura gratuita del sistema público de prestaciones preventivas ligadas a pruebas de screening, fecundación in vitro o pruebas de detección de anomalías genéticas, entre otras muchas.
A esto hay que añadir las decisiones adoptadas hasta ahora por las Comunidades de Cataluña y Madrid instaurando la obligación de pagar un euro por cada receta, que perjudica con más intensidad a quien más necesidades de salud tiene (pacientes crónicos) y a quien menos recursos económicos tiene que, por las presiones de la ciudadanía, de las organizaciones profesionales y de partidos políticos y sindicatos, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
También hay que señalar el incesante incremento de la provisión de servicios públicos de salud mediante sistemas de provisión privada que en Comunidades como Madrid, Valencia, Castilla la Mancha o Castilla y León, tienen su expresión más llamativa.
Un mecanismo para la generación de espacios de negocio lucrativo a costa de las necesidades de salud de la ciudadanía que el Partido Popular está desarrollando de manera extraordinariamente impune.
Y en este contexto, la sistemática aplicación de recortes presupuestarios está estrangulando aún más la disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía.
Todo este conjunto de medidas desarrolladas en los primeros doce meses de Gobierno del Partido Popular, contribuyen a incrementar las desigualdades en salud en España. Los recortes y exclusiones tienen un saldo en vida y en vidas.
Es, por tanto, una situación insostenible para el conjunto de la ciudadanía ya que el desmantelamiento del sistema sanitario público nos lleva a una situación negativa para la salud, la equidad y la cohesión de la sociedad.
Se usa la crisis económica como una excusa que pretende justificar el desmantelamiento de la sanidad pública para favorecer intereses de grupos de presión e interés que nunca creyeron en el Sistema Nacional de Salud y que encuentran en la crisis el argumento para generar las condiciones que hagan viable un modelo que permita hacer negocio con la sanidad pública y un mayor peso de la sanidad privada.
NUESTRAS PROPUESTAS PARA DEFENDER Y MEJORAR LA SANIDAD PÚBLICA
1.- Asegurar la universalidad y calidad del sistema sanitario, su carácter equitativo, de provisión pública, financiado por impuestos y con gratuidad en el momento de uso.
2.- Asegurar la suficiencia financiera de la sanidad pública mediante fiscalidad equitativa.
3.- Establecer un sistema de cohesión a través de un Fondo para la igualdad que desarrolle los planes de salud que aseguren equidad, cohesión e igualdad de todos los españoles.
4.- Elaborar una ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/97, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
5.- Potenciar la Atención Primaria de salud recuperando y mejorando la estrategia AP-21. Especial énfasis en desarrollar una reforma e impulso en profundidad en salud mental.
6.- Impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación basada en evidencias científicas, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.
7.- Hacer posible y real la participación profesional en el proceso de planificación, gestión y evaluación de los servicios públicos de salud.
8.- Revisar los procedimientos de participación de los ciudadanos para incrementar los espacios de cooperación y participación de los ciudadanos y pacientes en la orientación del sistema sanitario y seguir avanzando en el diseño, puesta en marcha y funcionamiento efectivo de los mecanismos de participación de los agentes sociales y asociaciones de pacientes en los distintos niveles de gobierno del sistema sanitario.
Las organizaciones firmantes nos comprometemos a impulsar estas medidas en todos los ámbitos en los que tenemos capacidad.
Al mismo tiempo, los Grupos Parlamentarios del PSOE y de la Izquierda Plural, promoveremos iniciativas parlamentarias enmarcadas en estos objetivos.
Las primeras irán encaminadas a la universalidad efectiva de la sanidad como derecho de ciudadanía (reponiendo el derecho también a los inmigrantes en situación irregular), la eliminación de los copagos instaurados por el Gobierno de Rajoy o la elaboración de una evaluación de impacto en salud de las medidas adoptadas con el RDL 16/2012 .
