Hoy viernes se celebra a las 12 del mediodía (a la alcaldesa le gusta poco trabajar por las tardes), un pleno extraordinario donde se trataran varios puntos, tres de ellos versan sobre recursos contra el Ayuntamiento por parte de empresas o particulares que se sienten perjudicados por diferentes decisiones tomadas por el consistorio. Hay que resaltar que, de hacerse las cosas bien por parte del equipo gobernante, en tiempo y forma y con toda la transparencia que requiere la administración pública, obviamente nos ahorraríamos mucho dinero en abogados y procuradores.
Intersa, la empresa que ha construido en Ibi la piscina climatizada, el Palacio de Justicia, el Teatro Río (todas ellas con sobrecostes millonarios) y ahora acometerá las obras del polígono industrial donde se ubicará la empresa Smurfit Kappa, sigue interponiendo recursos contra el Ayuntamiento reclamando el abono de intereses de demora en la obra del Palacio de Justicia. Es decir, Generalitat no paga el Palacio de Justicia pero nosotros tenemos que lidiar con la empresa porque nos pide intereses de demora en el pago. También Intersa exige al Ayuntamiento la aprobación de precios nuevos, al alza por supuesto, del contrato de rehabilitación y ampliación del Teatro Río.
Para poder defender los intereses del Ayuntamiento en los juzgados necesitamos contar con un abogado y un procurador, y el que designa la alcaldesa para estos abultados contenciosos es al Secretario del propio Ayuntamiento, que además atiende como asesor al Ayuntamiento de Onil. En varias ocasiones hemos solicitado que se presupueste un «fijo» a pagar a este señor por sus servicios y no por cada uno de los pleitos, independientemente de su sueldo como Secretario de carrera, pero no está dentro de las previsiones de la alcaldesa exigir estos extremos.
Otro punto del día es acordar la defensa para dos contenciosos más contra el Ayuntamiento. Uno es el interpuesto por varios propietarios de la urbanización del Puente Picó contra el acuerdo plenario de 27 de julio, donde el equipo de gobierno desestima quitarle la condición de urbanizador a la empresa Restoure Illice, S.L. por incumplimientos graves e inadmisibles. El Grupo Municipal Socialista fue el único grupo que votó en contra, apoyando así la propuesta de los propietarios de los terrenos que solicitaban, con toda la razón, la retirada de agente urbanizador a la empresa que tenía que haber finalizado las obras en 2008.
Para sumar más contenciosos, el último punto del orden del día del pleno también trata sobre el acuerdo a tomar para la defensa contra el contencioso interpuesto por la empresa Secopsa-Bluesa contra el acuerdo de pleno donde se desestimó la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de residuos sólidos a esta empresa. Si hacemos memoria, esta contrata es la que Maite Parra y Miguel ángel Agüera intentaron colar al nuevo equipo de gobierno y a Juan Valls. Un contrato para 25 años con un precio de 36.000.000 de euros para la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de residuos sólidos. El Grupo Municipal Socialista fue el único grupo político que presento alegaciones por la declaración de urgencia, ya que llevaba 1 año vencido el contrato, y a la duración de 25 años, una barbaridad en los tiempos que corren. Gracias a las denuncias, alegaciones y petición de informes por parte del PSOE, EU y ADIi, el grupo de gobierno hizo marcha atrás y optó por la desestimación de esta adjudicación, tal como apuntaba el informe pedido a la Junta de Contratación de la Generalitat Valenciana.
Como han convocado el pleno como extraordinario, así que no tenemos opción de hacer ruegos y preguntas. Suma y sigue.
Susana Hidalgo
