La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha presentado esta semana una ofensiva de once iniciativas parlamentarias contra la Ley de tasas judiciales, para su debate en seis comisiones diferentes, con el objetivo de “denunciar e intentar frenar la aplicación de esta ley”. En ellas se exige, en primer lugar, que se exima de su aplicación a todas las personas físicas, y en segundo lugar, a través de las distintas iniciativas, que se supriman las tasas en determinados supuestos de especial trascendencia y cuando afecten a colectivos de “especial vulnerabilidad”. Además, el PSOE pide que “se adopten urgentemente las medidas necesarias para garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial”.
Así, en esta batería de iniciativas el Grupo Socialista insta al Gobierno a la supresión de la aplicación de tasas judiciales en determinados supuestos, tales como en el caso de los procesos de separación y divorcio, dado que sin tener en cuenta la liquidación de gananciales, la tasa asciende entre demanda y recurso a 1.280 euros.
Otro de los supuestos en el que se insta a retirar las tasas es, por ejemplo, el relativo a la demanda a una constructora por compra de un piso que no se ha construido, caso en el que hay que presentar 4.000 euros de tasa, ha señalado Rodríguez.
También se pide dicha supresión cuando se recurran sanciones derivadas de tráfico y circulación, a las víctimas de siniestros de tráfico y sus familiares que reclamen indemnizaciones derivadas de estos siniestros, en los procesos sobre reclamaciones a entidades de crédito y de seguros en los que ha habido “estafa” o en los casos de preferentes, a los ciudadanos en los procesos en el ámbito del consumo, y en las reclamaciones de responsabilidad civil por daños personales y, en concreto, por negligencias médicas.
Igualmente, se solicita que no se apliquen a personas víctimas de violencia de género en demandas relacionadas con divorcio, nulidad o separación, a las personas en situación de dependencia, a los trabajadores en el orden social, a las personas inmigrantes en relación con los recursos que interpongan contra los actos administrativos de denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español y en materia de protección internacional.
En el día en que entra en vigor esta Ley, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la ha calificado como la “más injusta” que ha aprobado el Gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación, Soraya Rodríguez ha subrayado que “hasta ahora Mariano Rajoy ha ido recortando derechos de los ciudadanos en distintos ámbitos” pero ha dicho que esta es “la peor de todas”, dado que “los derechos de los ciudadanos valen lo que valen sus garantías y la última garantía es la jurisdiccional”. Así, ha remarcado que «cuando te prohíben acceder a los tribunales para defender tus derechos, todos tus derechos han sido recortados” y ha remachado que, además, afecta a los derechos de “todos los ciudadanos”.
La portavoz socialista ha recordado que el PSOE ya anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, por tratarse de una norma “claramente inconstitucional” que “vulnera el derecho de tutela judicial efectiva”, “impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos”, y “modula que sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a la justicia”.
Rodríguez también ha remarcado que el Grupo Socialista presentará el próximo lunes, una enmienda a la Ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia que derogue esta Ley de tasas.
La portavoz socialista ha subrayado que es una ley que “no tiene nada que ver con la crisis económica ni con el ahorro económico, sino que es pura ideología de la peor ideología de la derecha”.
Soraya Rodríguez ha dicho que “esta Ley debe ser retirada por el Gobierno” y ha criticado que para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, “la garantía de los derechos de los ciudadanos vale lo que vale su cartera”, razón por la que el PSOE estará en “en todos los frentes”, tanto el judicial con el recurso ante el TC; en el parlamentario con todo tipo de iniciativas, y en la calle con todos los colectivos que están en contra de esta ley “a fin de que el Gobierno rectifique”.
Por último, tras definir el procedimiento de esta ley como “chapuza parlamentaria”, con incumplimiento del reglamento en plazos e irregularidades en la constitución de la Ponencia y la Comisión, Rodríguez ha criticado que, para “cerrar el círculo de la chapuza”, el subsecretario de Justicia anuncie una orden -que regula el procedimiento y los impresos en los procesos de autoliquidación de las tasas- que según el Ministerio paraliza la Ley. “Todo el mundo sabe que una orden no paraliza la aplicación de una ley vigente”, ha dicho, razón por que ha pedido al Gobierno que “apruebe mañana un decreto-ley que suspenda la aplicación de las tasas judiciales”.
