Cada 1 de Diciembre, se conmemora el Día Internacional de lucha contra el VIH/SIDA. Un día crucial para recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global causada por la extensión de la infección del VIH. Desde el primer diagnostico, en el año 1981, se han producido más de 25 millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias más mortales de la historia.
La reducción de las ayudas destinadas a la prevención, concienciación, investigación y tratamiento del virus VIH/SIDA por parte del Gobierno de España conlleva unas consecuencias sociales y sanitarias, un paso atrás en los logros conseguidos en la reducción y control de dicha infección.
Esta decisión supone, por tanto, una dejación del Gobierno español en cuanto a su responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a los servicios de protección socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía.
En este sentido, no debemos olvidar el problema añadido de la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular, las graves consecuencias que tendrá en la salud individual y colectiva. Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública. Además supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.
El ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro país, puesto que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad y, por tanto, este ahorro no será real si aumenta el número de nuevas infecciones por VIH.
Esta irresponsabilidad no es una cuestión exclusivamente sanitaria sino también política y jurídica puesto que el Gobierno de España ha tomado una decisión obviando completamente la estructura institucional reconocida legalmente para tomar este tipo de decisiones, como es la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, encargada de coordinar las políticas de prevención del VIH en nuestro país y en la que participan diferentes Ministerios, las Comunidades Autónomas y las ONG, tomando esta decisión sin contar en ningún momento con la opinión de los diferentes agentes que participan en esta Comisión Nacional y sin informar con claridad a éstos sobre los términos reales de la decisión tomada.
La eliminación de estas transferencias económicas a las Comunidades Autónomas pondría en peligro la respuesta frente al VIH/SIDA en nuestro país. Hasta el momento, este dinero se destinaba a la subvención de acciones de prevención del VIH desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, locales o autonómicas, entidades especializadas en atención y prevención del VIH que desarrollaban acciones con colectivos a los que el sistema público no llega.
Para llegar a ser lo que somos en la actualidad, ha sido imprescindible el trabajo anónimo de muchas personas, asociaciones LGTB y ONG’s. Sus aportaciones en educación, apoyo psicológico, en comunicación y sensibilización sobre el VIH/SIDA ha llevado a la lucha frontal contra la incomprensión e intolerancia, pilar indispensable para este avance. Y sería un error no reconocer su labor y no recordarlo, en estos momentos, en que por fin se han conseguido ciertos avances importantes.
Asimismo, la decisión unilateral tomada por el Gobierno de España supondría un claro retroceso en la respuesta frente al VIH/SIDA, y contradiría claramente los acuerdos internacionales (tanto económicos como políticos) que ha asumido el gobierno español ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los programas de VIH hacia el ‘Objetivo Cero’: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el VIH/SIDA.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Ibi ha propuesto al Pleno del este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Que como compromiso del consistorio, se publiquen en todos los espacios de publicidad de titularidad pública cartelería y dípticos sobre campañas de concienciación y prevención del VIH/SIDA. Sobre todo en aquellos edificios públicos donde los usuarios sean los más jóvenes. Y que dicho compromiso se complemente a lo largo de la legislatura con programas de prevención del VIH/SIDA, colaborando con asociaciones, colectivos LGTB y/o ONG’s, referentes en nuestro territorio.
2. Que como gesto de apoyo y sensibilidad del gobierno municipal frente al VIH/SIDA y del resto de fuerzas políticas, se extienda un gran lazo rojo en el edificio del Ayuntamiento.
3. Que sea el gobierno municipal quien traslade a los movimientos asociativos LGTB de la ciudad y de la Comunitat, a la Conselleria de Sanitat y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante comunicado oficial:
• Su rechazo ante la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes no regularizados, no sólo por motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, frente a casos como las infecciones por VIH/SIDA.
• Su posicionamiento a favor de la recuperación del Plan Nacional Sobre el SIDA, como organismo coordinador, y la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente al VIH/SIDA. Y que se consignen explícitamente las partidas económicas para ello en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren en los próximos años.
• Su apoyo a la existencia y desarrollo de los planes o servicios autonómicos de respuesta al VIH; garantizando además la continuidad de los programas desarrollados por las ONG con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.
• Su voluntad para que todos los estamentos públicos cumplan con los acuerdos internacionales en el ámbito del VIH/SIDA que nuestro país se comprometió frente a ONUSIDA, UNGASS, OIT y el Parlamento Europeo, todos ellos para alcanzar el “OBJETIVO CERO: un mundo con cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA”.
• Su voluntad de reivindicar la aclaración por parte del Gobierno de España y la Conselleria de Salut de las consecuencias de la aplicación del Real Decreto-Ley, de 20 de abril, que pretende o va a suponer para las personas con VIH/SIDA, el pago del 50% del tratamiento ambulatorio que reciben en los hospitales.
