El fuego ha calcinado miles de hectáreas este verano y ha costado vidas humanas. Entre otros muchos incendios, en esta ocasión tres parques nacionales (Garajonay, en La Gomera; Cabañeros y Doñana) han sufrido con distinta intensidad los efectos de unos incendios que afectan ya a todo el país, sembrando la desolación entre miles de personas y llevando la desgracia al seno de familias golpeadas por la pérdida de seres queridos. Son ya 135.000 hectáreas de superficie forestal las que han sido arrasadas por los incendios en España, el triple que en el mismo periodo de 2011.
El Gobierno fue advertido por el PSOE y otras organizaciones desde principios de año en diferentes ocasiones del elevado riesgo de incendios en este año y no tomó ninguna decisión para evitar esta catástrofe sino todo lo contrario. En junio el Gobierno acordó reducir la partida de prevención y extinción de incendios en parques nacionales en un 20%. Esto lleva aparejado la reducción de presencia de personal y medios en bases estratégicas para la rápida respuesta ante incendios forestales.
El Gobierno ha vuelto a estar ausente de forma clamorosa en Canarias al igual de lo que ocurrió en Valencia y Alicante. Arias Cañete no puede seguir ocultándose y yendo a corridas de toros mientras nuestros montes se queman.
Siempre ha habido y seguirá habiendo incendios, por distintas causas. Por eso es imprescindible contar con una estrategia muy clara de lucha contra incendios y los medios materiales y humanos necesarios para desarrollarla.
Durante las dos últimas legislaturas de gobierno socialista, cada año se elaboraba un Plan específico contra incendios, aumentando la dotación de medios y mejorando la coordinación con las Comunidades Autónomas, para su ejecución.
También fue el Gobierno del PSOE el que creó la UME (Unidad Militar de Emergencias), cuya labor ha venido siendo y es fundamental en la lucha contra los incendios. Cabe recordar que el PP criticó duramente la creación de esta unidad e incluso llegó a decir que era “inconstitucional”.
El gobierno de Rajoy ha anunciado la derogación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la ha dejado ya sin efecto, en la práctica, al eliminar este año la partida presupuestaria destinada a su aplicación.
El Ministerio también ha anulado todas las partidas forestales, salvo la destinada a los medios aéreos para la extinción. Es decir, ha anulado las de silvicultura preventiva, mejora tecnológica de productos de los bosques y creación de tejido empresarial forestal (fomento de obtención de energía eléctrica mediante la biomasa), entre otras.
En enero el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana suprimió en la práctica el Art 50 de la Ley de Montes, aprobada por el Gobierno del PSOE, que prohíbe la recalificación de suelos afectados por incendios en un período de 30 años. Y el Gobierno de España, en lugar de atajar este atropello a la Ley y exigir su cumplimiento, ha mirado para otro lado y ha dejado hacer a sus compañeros de Partido, para abrir de nuevo a la impunidad actividades urbanísticas especulativas que tan nefastas consecuencias han tenido en algunos territorios, como es el caso de Valencia.
