El gobierno de Rajoy no para de atestar golpes mortales a la Ley de dependencia, pero los dependientes fuertes luchadores plantan batalla al gobierno en los tribunales.
El decreto de reforma de la Ley de Dependencia aprobado por el Gobierno aniquila el espíritu de la ley de 2006.
La Asociación por los derechos civiles de los discapacitados y sus familiares ha congregado a 130 familias, a través de las redes sociales, para recurrir ante la Audiencia Nacional la reforma de la ley porque vulnera derechos adquiridos de las personas dependientes y sus familiares.
La reforma de la ley, que fue aprobada por el consejo de ministros el pasado 13 de julio, prevé que el Estado deje de pagar la Seguridad Social a las personas que estén cuidando a familiares dependientes, un descenso de un mínimo del 15% en su retribución y la exclusión del sistema de los dependientes moderados hasta 2015.
La reforma fue presentada el martes pasado ante la Audiencia Nacional de Madrid con el objetivo de que «los tribunales obliguen a dar marcha atrás al Gobierno». Las familias están dispuestas a elevar su recurso ante el Tribunal Supremo y, en caso de agotar todas las posibilidades en la justicia española, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia).
Pasado el verano, el domingo 2 de septiembre la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Ibi ha programado un acto lúdico reivindicativo en la glorieta de España con asociaciones locales para reivindicar todo los derechos que otorga la ley de la dependencia y que el gobierno de Rajoy y la Comunidad Valenciana pretender echar por tierra.
