El pasado lunes a pesar de los desagradables acontecimientos ocurridos en Ibi, pudimos celebrar un pleno extraordinario para elevar una propuesta consensuada por todos los grupos políticos para exigir a la Consellería de Justicia y Bienestar Social y a la Consellería de Hacienda que haga efectivo de forma urgente todos los pagos pendientes a las empresas y entidades que gestionan centros de titularidad pública que atienden a personas con discapacidad o enfermedad mental crónica.
El Centro Ocupacional San Pascual, que depende de ACODIP (Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad Intelectual de Ibi), recibe una subvención por parte de la Consellería para llevar a cabo su labor.
La subvención anual del C.O. San Pascual asciende a 301.966€. El 60% de esta anualidad (180.600€)deberían haber sido pagado en el mes de marzo para hacer frente a todos los pagos de mantenimiento. El 40% restante suele ser abonado al justificar el 75% del gasto del primer pago. El Consell autorizó la concesión de la subvención el pasado mes de abril pero a día de hoy no ha ingresado la cantidad acordada.
Los delegados sindicales vienen exigiendo a la Consellería desde hace años una financiación estable, vía conciertos, que garantice la continuidad de los centros y el pago puntual de las subvenciones. Asimismo exigen la acreditación de centros que asegure, mantenga y mejore la calidad de los servicios.
No solo debemos hacer estas peticiones desde los plenarios de los ayuntamientos, creo que es una cuestión política, social y ciudadana. No podemos dejarlos en la estacada después de tantos años de lucha y de políticas encaminadas a la consecución de servicios necesarios para que todas las personas con alguna discapacidad puedan realizarse como personas. Como ciudadanos libres y solidarios, debemos apoyar todas las iniciativas que procedan de las asociaciones y plataformas que defienden un mundo más justo y solidario, como es el caso de la Plataforma de la ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia. La «Ley de Dependencia» a día de hoy se encuentra en peligro de extinción. Una ley que abría la puerta a la esperanza de todos los dependientes y sus familias para conseguir un catalogo de servicios lo suficientemente amplios y diversos para atender todas sus necesidades especificas, y que ha sido boicoteada desde sus aprobación por la Generalitat Valenciana.
