La agrupación social pro-vivienda de Ibi (antiguamente llamada Plataforma de afectados por la hipoteca) se suma a la campaña de recogida de firmas, a nivel nacional, para conseguir que el Gobierno apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)de regulación de la dación en pago, de paralización de desahucios y de alquiler social. Esta plataforma ya ha realizado varias acciones en Ibi para dar una solución inmediata a las personas que sufran un desahucio, además de luchar junto con las Plataformas nacionales para conseguir dar una respuesta a las miles de personas que desahucian todos los días en nuestro país.
En el Estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- tanto a la persona afectada como a quienes la hayan avalado. La dramática situación de no tener trabajo ni vivienda, se añade una deuda impagable que supone el embargo de salarios o de cualquier ingreso o propiedad de los afectados y de sus avalistas. Se trata, por lo tanto, de una condena a la exclusión social, y a laeconomía sumergida.
La plataforma de Ibi junto a la de Elche son las coordinadoras a nivel provincial para recoger las firmas de forma adecuada y nombrar fedatarios públicos que puedan dan por válidas las firmas, descartando las duplicidades y los errores. Pueden firmar todas las personas que consten en el censo electoral con nacionalidad española y mayores de 18 años.
La presentación de la ILP tuvo lugar el pasado jueves en un local de la ciudad deportiva donde acudimos bien pocos ibenses teniendo en cuenta el calado de la propuesta.
La Plataforma tiene de plazo hasta el 31 de octubre para recoger 500.000 firmas en todo el Estado, si somos conscientes y comprometidos con la causa podemos dedicar parte de nuestro tiempo para conseguirlo, es por eso que hace falta una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna. Todos los martes por la tarde en el Centro Social Polivalente podrás firmar, recoger hojas selladas para la recogida de firmas e informarte si quieres participar como fedatario público.En el artículo 87.3 de la Constitución se contempla la posibilidad de que los ciudadanos hagan propuestas respaldadas por un mínimo de 500.000 firmas, propuestas denominadas por ley ILPs (Iniciativas Legislativas Populares). Estas iniciativas tienen una serie de limitaciones referentes el Código Penal, los Estatutos de Autonomía, la Ley Electoral, la del Defensor del Pueblo, la del Tribunal Constitucional, la de Educación, la del Derecho de Reunión, la de Libertad Sindical, la de Libertad Religiosa, la de Partidos Políticos, etc.
La ILP pretende reformar en parte la ley hipotecaria en nuestro país con la dación en pago retroactiva, la paralización de desahucios, la moratoria del pago de la hipoteca, cuando esta se produzca por motivos económicos ajenos a su voluntad y el alquiler social.
Esta es una propuesta de la ciudadanía ante el terrible problema hipotecario que está padeciendo una gran parte de la población, con más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado español desde que comenzara la crisis, de ellas 60.000 son en la comunidad valenciana .
El Real Decreto-ley 06/2012, de 9 de marzo, de “medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos” ha generado confusión y falsas esperanzas entre las miles de familias afectadas .Por un lado, establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados. Por otro lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido desahuciadas.
Susana Hidalgo