Por José Antonio Pérez – ATTAC.COM
Lo peor de esta crisis no es tanto su impacto económico, sino el cinismo con el que el Capital y su Consejo Central de Administración, el Gobierno, utilizan un lenguaje que pervierte el sentido de las cosas. A estos gobernantes no se les cae de la boca la palabra libertad. Que entienden, no como atributo de las personas, sino del mercado. Para ellos, la máxima expresión de libertad consiste en la libertad de despido de los que trabajan, y en el trabajo forzado de los despedidos.
Es la conclusión que podemos extraer de esa letra infame escrita en todos y cada uno de los párrafos de la Reforma Laboral dictada (no negociada ni con sindicatos ni parlamentarios) por el Partido Popular. Una reforma que otorga amplias libertades al empresario y somete al trabajador a un régimen de dominación cuasi neofeudal.
Convengamos que el Estado, salvo que sea autoritario y dueño absoluto de los medios de producción, no puede crear otro tipo de empleo que el que corresponde al ámbito funcionarial y atención de los servicios públicos. Puede, eso sí, arbitrar medidas que favorezcan la actividad económica, de manera que sean los actores económicos los que generen empleo. Pero un Estado democrático auténticamente orientado al servicio de la ciudadanía lo que sí tiene es la potestad y el deber de garantizar, ante todo, el bienestar y la subsistencia de todos sus miembros. Así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española.
Pero estas propuestas solidarias nacidas de la sensatez política entran en abierta contradicción con las medidas que se adoptan en estos tiempos de la brutalidad política. En tiempos de un horror de tal magnitud que la reforma laboral dictada por el Gobierno pretende, en primer lugar, facilitar el despido de los trabajadores. Y luego, una vez que se hallen estos en la calle, en plena intemperie, obligarlos a prestar lo que eufemísticamente llaman “servicios a la Comunidad”. En efecto, como si cinco millones de personas no tuvieran ya bastante desgracia con estar en el paro, ciertos sectores de la patronal, en vez de cooperar en el fomento del empleo, alimentan la sospecha de que los desempleados son una panda de holgazanes que viven alegremente del subsidio y se pasan el día en el bar. Esto lo han afirmado públicamente desde el diputado de CIU, el señor Durán Lleida, a diversos dirigentes de la patronal CEOE. Insidias de esta índole alimentan esa idea tan extendida entre la gente biempensante de que los parados, en vez de estar mano sobre mano, deberían realizar trabajos de servicio comunitario. Aparece así esa colección de tópicos V.g.: limpieza de bosques, conservación de carreteras…. etc.
De acuerdo, enviemos a nuestra legión desempleada a limpiar los bosques para prevenir incendios. En lugar de aumentar el desempleo, encuadremos a los parados mediante un contrato laboral digno, para que lleven a cabo tareas de interés nacional, efectuando ese trabajo en condiciones de libertad y dignidad. Pero aquí se pone de relieve otra de las perversiones implícitas en la reforma laboral del Sr. Rajoy, que lo que pretende no es proporcionar un empleo a los parados. Sino que los desempleados sigan siendo desempleados y que, cobrando en el mejor de los casos un subsidio de 400 euros —ingreso situado por debajo del umbral de pobreza— realicen trabajos de forma obligatoria.
¿Cómo calificar esto? ¿Retorno a las tenebrosas workhouses inglesas del siglo XIX? ¿Neofeudalismo con siervos de la gleba obligados a prestar servidumbres al señor de turno? En cualquier caso es una absoluta e impúdica muestra de desfachatez política.
¡El Gobierno del Partido Popular pretende otorgar a los parados un tratamiento peor que el que reciben los delincuentes! Puesto que los trabajos forzosos no pueden ser impuestos ni siquiera a los convictos de delito, ya que la Constitución Española lo prohíbe.
Llegado el caso, los desempleados a los que las administraciones les impongan la prestación de algún trabajo forzoso, quedan perfecta y moramente legitimados para negarse a cumplirlo.
