Por Ignacio Subías, médico y portavoz de Sanidad del grupo socialista en Les Corts.
Las medidas adoptadas por el PP el día 5 de enero, suponen el mayor atentado al Estado del bienestar y sobre todo al sistema sanitario público Valenciano que se conozca y afectara a los trabajadores públicos tanto desde el punto de vista salarial como en los derechos laborales y desde luego a los ciudadanos, usuarios del sistema sanitario público por los recortes que tendrán efecto tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
La incapacidad, el despilfarro de tantos años, la falta de capacidad para priorizar del PP no pueden ni deben pagarlo los ciudadanos y los trabajadores públicos.
Recordemos que estos trabajadores públicos maltratados por el PP, a los que se les afectara en sus derechos laborales y salariales, son aquellos que deben de atender las urgencias sanitarias, las consultas de atención primaria y especializada, los que entran todos los días en los quirófanos para operarnos o los que atienden los partos o tantas y tantas diversas atenciones.
Quisiera resaltar que el presupuesto de sanidad del año 2012 es de casi 1000 millones de euros inferior al gasto del 2010 y que con el recorte actual de más de 500 millones de euros, nos coloca en una situación insoportable e insostenible, pues recuerdo que esto se produce en una comunidad que somos ya los que menos dedicamos a sanidad por ciudadano y año del Estado (200 euros menos que la media). Todo ello perjudicara seriamente a la atención en el sistema sanitario público y producirá una vez más un incremento en la privatización del sistema, provocando sin duda un efecto perverso que incidirá sobre todo en aquellos ciudadanos con más problemas y menos recursos, rompiendo la equidad del sistema, además de la importante presión para los profesionales, junto a la desmotivación y desincentivación en unos trabajadores que están al límite.
Entre las medidas que han anunciado se encuentran algunas como poner una tasa por la renovación de la tarjeta sanitaria, retirar las intervenciones de cataratas del plan de choque, reorganización de servicios con unificación de laboratorios o disminuir guardias metropolitanas, disminuir guardias tanto en atención primaria como en especializada, revisión de conciertos (lo que supone la aceptación del fracaso de su modelo de externalización y privatización), disminución del gasto en farmacia, supresión consultas, cierre de camas hospitalarias, retraso de la hora de entrada de guardia en los centros de primaria, cierre de centros de salud en verano a las 15 horas, reducción gastos en limpieza, seguridad, disminuir los cambios de ropa de cama, sustituir material quirúrgico desechable por reutilizable, supresión menús a madres lactantes, cierre de centros, disminuir pruebas preoperatorias, cierre de laboratorios, disminuir unidades de urgencia-emergencias, todas estas entre otras medidas.
Como comprenderán todas estas medidas supondrán que los ciudadanos verán recortados sus derechos, se producirán más listas de espera y empeoraran las condiciones y la confortabilidad del sistema, que incidirá sobre el modelo y provocara una todavía mayor privatización del sistema, favoreciendo directa e indirectamente a la sanidad privada en detrimento de la pública.
El PP y el presidente Fabra siguen recortando en lo que dijeron que no tocarían y por lo tanto engañando a los ciudadanos. Estas medidas suponen un atentado contra el sistema sanitario público, intolerable y evidentemente nos tendrán enfrente en defensa de los trabajadores de la sanidad pública y de los derechos de los ciudadanos, pues el Estado del bienestar está en juego y mientras tanto han seguido despilfarrando en fastos, gastos superfluos y no necesarios.
