· Instamos al Gobierno de Rajoy a negociar ante la Unión Europea una revisión y aplazamiento del cumplimiento del Programa de Estabilidad ante las nuevas perspectivas económicas. Una medida que nuestro candidato defendió durante toda la campaña electoral y que hemos presentado como iniciativa en el Congreso de los Diputados. Reducir el déficit público al 4,4% del PIB este año agravará aún más la recesión. Con el actual escenario económico, el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal es imposible e ineficaz porque nos metería en un círculo vicioso de más paro, menos ingresos y más deuda. La consolidación fiscal es necesaria pero nunca puede ser el objetivo último de la política económica ni un fin en sí mismo.

· Defendemos una política económica que compagine un ajuste inteligente con una estrategia encaminada reorientar nuestro modelo de crecimiento a medio plazo para no volver a caer en los errores del pasado ligados a la burbuja inmobiliaria. Una política económica que tiene que adaptarse al nuevo escenario económico en el que nos encontramos, el de la recesión. Defendemos mantener unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos y que, asimismo, nos permita repartir equitativamente el coste de la crisis.

· El Gobierno tiene que explicar los motivos para aplazar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 hasta el 31 de marzo. Con la información disponible no hay razones para retrasar la presentación, salvo que haya motivos de carácter partidista debido a las elecciones andaluzas y prefieran no decir cuál va a ser el tamaño y la composición del ajuste drástico que van a adoptar. No es nada nuevo porque el PP ya lo hizo antes de las elecciones generales cuando ocultaron su intención de subir impuestos y recortar gastos.

· España necesita un Gobierno que deje la improvisación y las contradicciones, porque llevamos varios desmentidos y anuncios erráticos. Y lo que es más grave, el Gobierno ha demostrado en pocas semanas que no tenía ni tiene ningún plan riguroso y serio de política económica que dé credibilidad y confianza. España necesita un Presidente del Gobierno- que dirige la Comisión Delegada para Asuntos Económicos- que dé la cara ante ciudadanos para anunciar y explicar las medidas adoptadas, como han hecho la mayoría de jefes de Estado y de Gobierno de Europa y como hizo el anterior Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, que compareció ante el Congreso de los Diputados asumiendo toda la responsabilidad ante los ciudadanos.

· La estrategia partidista del Gobierno de Rajoy al cuestionar y sembrar dudas sobre la solvencia financiera de la Junta de Andalucía, solo porque está gobernada por el PSOE, es una profunda deslealtad institucional y el peor mensaje de confianza y credibilidad que se puede lanzar. Cuando la realidad es que el déficit de Andalucía estará por debajo de la media y no ha pedido ni un euro ni ayuda al Tesoro como sí ha hecho la Comunidad Valenciana que está prácticamente en la ruina por la nefasta gestión del PP.

· El Grupo Socialista quiere felicitar a los agentes económicos y sociales por el acuerdo por el empleo al que han llegado en materia de negociación colectiva y moderación salarial. Desde el PSOE siempre hemos defendido -antes, ahora y lo seguiremos haciendo- que la mejor forma de adoptar y llevar a cabo las reformas en el mercado de trabajo es, sin duda alguna, con el libre acuerdo entre las partes.

· El Grupo Socialista va a hacer una oposición constructiva y útil, muy diferente a la que tuvimos que soportar la anterior legislatura con el Partido Popular. No vamos a hacer el tipo de oposición que práctico el PP por dos razones:

1- Los españoles no se lo merecen. No vamos a utilizar la crisis con fines electorales ni a sembrar dudas, como hizo la derecha, sobre la credibilidad y la solvencia de nuestro país.

2- No vamos a engañar a los ciudadanos prometiendo una política contraria a la que luego han practicado en el Gobierno. Durante toda la campaña electoral el PP defendió que la peor política para crear empleo era subir los impuestos. Sin embargo, han optado por castigar a las clases medias y a los trabajadores asalariados a través de la mayor subida del IRPF de la democracia. Una medida que, además, va a contraer el consumo privado y a generar más paro.

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