El nuevo equipo económico de la Generalitat Valenciana se está especializando en realizar enfáticas declaraciones sobre la imperiosa necesidad de recortar gasto, eliminar lujos inútiles y adecuar las dimensiones de nuestra Administración a los menguantes ingresos. Necesidad que se agrava porque la reciente reforma constitucional, como es sabido, impedirá recurrir alegremente a la deuda pública, válvula de escape a la que históricamente ha recurrido la Hacienda valenciana para compensar una financiación per cápita muy insuficiente.
Sin embargo, la exigencia de recortar gasto cifrado al menos en un par de miles de millones de euros (es decir, una barbaridad) está siendo acompañada, de momento, de medidas sorprendentes. O, por expresarlo de forma más clara, de una absoluta ausencia de medidas que de verdad puedan resultar eficaces. Los grandes eventos, como la fórmula 1, el Open de Tenis, concursos hípicos y competiciones de vela variadas, no se pueden tocar porque, por lo visto, generan un impresionante retorno y, ya se sabe, han contribuido a «poner a este país en el mapa». Las sobredimensionadas empresas públicas, con muchos empleados (y directivos muy bien pagados) y más deuda todavía, tampoco han sufrido embates demasiado serios hasta el momento. Puede que sea porque como en esos mundos aparentemente nunca ha regido el ordenamiento jurídico español (por ejemplo en materia de selección de personal de acuerdo a principios como el mérito o la capacidad) quizás tampoco les concierna esto de los recortes.
El manual de tijera que están aplicando Vela y Verdeguer parece centrado, de momento, en el empleo público. Sorprendentemente, consiste en liquidar a interinos en la base de la pirámide amortizando vacantes y en rebajar a sus puestos a muchos funcionarios de carrera que estaban ocupando direcciones de área o de servicio. El ahorro así obtenido es más bien discreto. Pero al menos, puede pensarse, envía un mensaje de austeridad y buen uso de los recursos de que disponemos. Nada más lejos de la realidad. A estas alturas está ya confirmada la intención de la Generalitat de conservar a la pléyade de asesores que se ha multiplicado durante estos años y, lo que es si cabe más grave, de consolidar en sus puestos de trabajo directivo a los muchos afines que han ocupado direcciones y jefaturas (acudiendo muchas veces a vías legales dudosas que, sin embargo, nadie ha cuestionado) sin ser funcionarios. El panorama es desolador, con una casta de personajes colocados por razón de estricta confianza que no solo van a trabajar mientras gobiernen los suyos, sino que se van a quedar para siempre en la Administración valenciana. Y ahí no parece que entiendan nuestros consellers que sea preciso recortar. Por lo visto tienen una especial predilección por interinos y trabajadores colocados directamente en la cúspide de la organización por ser quienes son.
El paripé, es de suponer, va a durar todavía unos meses. Y después pasaremos al siguiente estadio, que afectará al personal sin un puesto consolidado en aquellos sectores que cuestan mucho dinero. Estamos hablando de médicos y profesores, que por lo visto sí son prescindibles. La desfachatez con la que se manejan nuestros recursos públicos es tan impresionante como tristemente previsible. Sorprende, a estas alturas, que oposición y sindicatos no estén en pie de guerra. Habrá alguna razón, supongo.