Como ciudadano de la Comunidad Valenciana, me indigna leer en los medios de comunicación el deterioro que vienen padeciendo los servicios públicos en beneficio de los privados, algo que es una tendencia en esta comunidad desde el año 1995, año en el que entró a gobernar el Partido Popular. Esto supone romper el principio de equilibrio e igualdad en el que todos los ciudadanos tienen derecho a una atención sanitaria, a una educación gratuita y de calidad, a unos servicios sociales dignos que atiendan todas las necesidades y especialmente a las personas dependientes.

El último informe emitido por la federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública y del que se hace eco el diario Público en su edición digital, dice que el servicio sanitario de la Comunidad Valenciana es DEFICIENTE, de hecho nuestra comunidad es la que presenta la calificación más baja de todas las comunidad autónomas.

El informe se basa en el gasto sanitario por habitante, en el gasto farmacéutico, número de camas en relación con el número de habitantes, cantidad de pacientes por médico y algunas variables más, además de contar con la opinión ciudadana sobre las listas de espera en las distintas comunidades.

Lo dicho contrasta con la enorme deuda de la Generalitat Valenciana, deuda sin precedentes y que la han generado fundamentalmente obras faraónicas, derroche y despilfarro, que es donde ha ido a parar el dinero que debían haber destinado a la atención de los servicios públicos básicos dirigidos a todos los ciudadanos.

Pero esto no es casual, es una manera de hacer política típica de los gobiernos con ideología conservadora y ultraconservadora, es decir, es la política que practica el Partido Popular. La prioridad no es la atención de los ciudadanos en general, aumentando la calidad de los servicios, sino que privatizan para beneficiar a unos pocos y curiosamente siempre suelen ser personas muy próximas a estos políticos.

Se ha denunciado en repetidas ocasiones las deficiencias en educación. En estos momentos en los que se está iniciando el curso escolar tenemos la oportunidad de comprobar los recortes injustos que está realizando la Consellería de Educación, que van directos a la línea de flotación de la calidad de enseñanza y por ende seguiremos siendo la comunidad con las cifras más escandalosas del fracaso escolar.

Cuando hace años que se decía que el número de alumnos por clase en Educación Infantil era de 20 alumnos, en la actualidad es de 27. Lógicamente esta ratio aumenta en educación primaria y si es necesario, mucho más en secundaria, pero tenemos que aguantar que el conseller de educación, con total desvergüenza, diga que en educación no hay recortes.

Si hablamos de Sanidad, más de lo mismo o peor. Si nos centramos en el SAMU, que desde hace años estamos reivindicando la necesidad de una unidad para nuestra zona y que las urgencias especiales sean atendidas de manera inmediata, vemos como esta demanda no es atendida.

Seguimos siendo la última comunidad en el desarrollo de la ley de Dependencia.

Es curioso que Rajoy manifieste que esta comunidad es el ejemplo de las Políticas del PP. Ya sabemos hacia dónde nos llevarán si legan al gobierno de España, aunque en esta comunidad ya estamos preparados porque son las que estamos padeciendo desde 1995.

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1 COMENTARIO

  1. El deterioro de los servicios públicos es tan patente, que ha saltado de lo tolerable a lo inadmisible, y de ser visible sólo por el afectado a ser perceptible en todos los ámbitos.

    Pero es que el Partido Popular mantiene su política de grandes fastos, como la Volvo Ocean Race o la Fórmula 1, para luego tener que recortar en servicios a sus ciudadanos.

    Es tremendo, además, contrastar un día tras otro como determinados empresarios ven florecer sus negocios a costa de prestar en convenio servicios al ciudadano que debería prestar la administración directamente, como el servicio de escaner en los hospitales alicantinos, que los presta una empresa conveniada y terminamos pagando por esas exploraciones 4 veces más del coste de tener el aparato en propiedad y la plantilla contratada. Luego el argumento es que así la sanidad funciona mejor.

    Pero es lo que hay, acaban de refrendar otra mayoría absoluta. ¿Cuanto de deterioro de los servicios públicos estamos dispuestos a soportar? Veremos.

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