por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.
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El Partido Popular, liderado por el Sr. Rajoy, se presenta como el partido más capaz de sacar a España de la crisis, ignorando que fue primordialmente el gobierno Aznar el que jugó un papel clave en la generación de la crisis en España. De ahí la importancia de analizar las políticas económicas, fiscales y laborales del gobierno Aznar, puesto que el Sr. Rajoy ha subrayado en varias ocasiones que repetirá las mismas políticas llevadas a cabo por el gobierno PP durante el periodo 1996-2004 y que presenta, erróneamente, como exitosas.
Lo primero que hay que subrayar en este análisis es que las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno PP no fueron las que caracterizaban a los partidos conservadores europeos como, por ejemplo, al gobierno alemán de la Sra. Angela Merkel, sino las que defendían el partido republicano estadounidense bajo la presidencia de Bush hijo. Es decir, fueron políticas neoliberales en su estado más puro, muy favorables al capital financiero y a su especulación. Su desregulación del suelo en 1998 fue la base sobre la cual se montó la burbuja inmobiliaria, dando como resultado el establecimiento del complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción. Esta industria de la construcción pasó a sustituir la industria como uno de los motores de la economía española. En realidad, el gobierno Aznar –como el gobierno Bush- careció de una política industrial, de lo cual parecía estar orgulloso. El contraste con el gobierno conservador alemán no podría ser más acentuado. En Alemania, la industria continuó siendo uno de los motores de la economía, apoyada por el Estado. He criticado extensamente el modelo alemán basado en la exportación y en la acumulación de euros, que fue utilizada por la banca para prestarlos a los países periféricos, incluyendo España. Así, se financió el boom inmobiliario español, que dejó a los empresarios y a las familias españolas profundamente endeudados. Pero el modelo español del PP fue incluso peor, pues se basó en la especulación (los precios de la vivienda no respondieron a la dinámica del mercado, siendo un 30% superiores a los que las condiciones del mercado hubieran determinado). El problema es que no había mercado de la vivienda. Había una especulación desatendida, cuando no ignorada, por la entidad reguladora que se conoce como Banco de España. En realidad, tal banco actuaba (y continúa actuando ahora) más como lobby de la banca que como la agencia pública reguladora de la banca.
Otro problema grave de las políticas del gobierno Aznar es que, conforme a su actitud de favorecer la propiedad, en lugar del alquiler, dio ventajas fiscales para estimular la compra, facilitando así el endeudamiento. Esto es lo que Rajoy quiere estimular de nuevo, ignorando los costes que ello supuso para la economía del país. La economía del ladrillo fue la gran contribución del gobierno PP a construir una economía de baja productividad y bajos salarios. Es extraordinario que un gobierno con tal record se presente como la solución.
De ahí que encuentro sorprendente la crítica que se hace al PP por falta de claridad en su programa económico. Rajoy, sin embargo, lo ha dicho claramente. Seguirá el modelo del gobierno Aznar, lo cual resultará en un mayor endeudamiento público (que intentará resolver con recortes draconianos del gasto público, como ha hecho David Cameron en Gran Bretaña, o Artur Mas en Catalunya), y una economía basada en bajos salarios, inestabilidad y precariedad laboral. Estas son las características del modelo Aznar, y éstas serán las características del modelo Rajoy con un agravante. El gobierno Aznar se benefició de las cuatro devaluaciones de la peseta durante el periodo socialista que le precedió, siendo la última el 6 de marzo de 1995. El gobierno Rajoy no tendrá esta ventaja. Lo cual significa que intentará todavía más la llamada devaluación doméstica, que es la manera amable de definir la reducción de los salarios de una manera radical. No hay duda de que el gobierno PP será incluso de mayor dureza que el gobierno Zapatero, con lo cual, España vivirá un periodo de gran confrontación con un interrogante en cuanto a su futuro.
Las políticas continuistas del gobierno Zapatero
El gobierno Zapatero no inició la crisis. La comenzó el gobierno Aznar. Pero su política fue continuista, sus recortes de impuestos, que siguieron los que habían tenido lugar en la época Aznar, contribuyeron a crear el déficit estructural del estado que apareció con toda su crudeza cuando la economía española se paralizó como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. El gobierno Zapatero tuvo mayor sensibilidad social, invirtiendo mucho más en el estado del bienestar español que el gobierno Aznar. Pero este incremento de los ingresos al estado se basó en el aumento de los ingresos al estado resultado del elevado crecimiento económico estimulado por la burbuja inmobiliaria, en lugar de –tal como debiera haber ocurrido- un aumento de la progresividad fiscal y otras reformas del sistema fiscal que el estado español (y sus CCAA) necesitan con toda urgencia para salir de la crisis.
El mayor problema que tiene la economía española no es el déficit público, sino el bajo crecimiento económico y el elevado desempleo. La reducción del gasto público está contribuyendo a retrasar la recuperación económica. La evidencia que apoya esta tesis es robusta y abundante. Véase lo que esta ocurriendo en Grecia ¿Es ésta la vía que los dos partidos mayoritario están proponiendo? Debería ser obvio que lo que debiera hacerse es aumentar la creación de empleo –en las líneas sugeridas en otros de mis artículos- (ver sección Política Económica en mi blog www.vnavarro.org) mediante un incremento del gasto público procedente en su mayoría de los impuestos a las rentas superiores y grupos financieros y económicos que vieron sus impuestos disminuidos en los últimos quince años. El que no se esté haciendo muestra la enorme influencia que la banca, la gran patronal y las rentas superiores tienen sobre el estado (y sobre los medios de mayor difusión). Como he señalado en varias ocasiones, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que recibe, con los cuales podría, además de reducir el déficit público del estado, crear 5.000.000 de puestos de trabajo más, eliminando el desempleo. Estos cinco millones de nuevos puestos de trabajo se conseguirían a base de incrementar el porcentaje de adultos empleados en los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para personas con dependencia, servicios sociales, entre otros (todos ellos muy poco financiados en España), pasando de ser el 10% actual al 24% de Suecia.
Una última observación. Por fin, el candidato Rubalcaba, del PSOE, ha abierto la puerta a que se considere como una medida necesaria para salir de la crisis el aumento de la carga fiscal de los banqueros, entre otros, y con tales fondos crear empleo, propuestas que han estado haciendo los partidos a la izquierda del PSOE y que han sido ignoradas sistemáticamente por los mayores medios de información. Por muy bienvenida que sea esta propuesta del Sr. Rubalcaba, así como la de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, lo cierto es que se tenía que haber hecho mucho antes. Su observación de que no se podía hacer antes, traduce una falta de comprensión de la naturaleza y causa de la crisis. Ésta se debe, no al excesivo déficit público, sino al estancamiento económico, resultado de la escasa demanda, consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional (que ha forzado un profundo endeudamiento). Los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social, han estado empeorando la situación económica del país, tal como muestra claramente el caso de la economía griega. De ahí que las propuestas de Rubalcaba, aunque vayan en buen camino, se convierten en insuficientes para resolver el gran estancamiento de la economía española. El estado debiera invertir y crear empleo masivamente cubriendo, además, los enormes déficits sociales que tiene el estado español.
