Por Vicenta Tortosa Urrea, Diputada Nacional PSOE
Leía hace unos días con detenimiento, el enésimo intento de cambio de imagen del Partido Popular, sobre todo de su Presidente Rajoy que ante unos previsibles prejuicios hacia su formación política, ganados a pulso, intentaba convencer desde Ciudad Real a futuros votantes de que el Estado de Bienestar lo inventaron ellos.
Aseguraba Rajoy que su partido cree en una sanidad y en una educación pública, universal y gratuita y en un sistema de pensiones contributivas y en las no contributivas, creados –según él- no por la izquierda política sino por los conservadores y los democristianos. Como siempre, prometió que si llegaba a La Moncloa, no congelarían nunca, nunca, las pensiones y que potenciaría la Ley de Dependencia para que su aplicación sea igual en todas las Comunidades Autónomas.
Aunque seguí con mucha atención esta noticia en varios medios de comunicación, no dejé de acordarme de mi Comunidad Valenciana, de lo que dicen y lo que hacen estos mismos que ahora se rasgan las vestiduras a nivel nacional pero que no cumplen en las autonomías que gobiernan. Para muestra, un botón: la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que en el VI Dictamen del Observatorio de la Dependencia se valora a la Comunidad Valenciana con la calificación de muy deficiente (1,5 sobre 10), siendo la penúltima en cuanto a la atención de las personas en situación de dependencia, la segunda de mayor en el limbo de la dependencia ya que uno de cada dos dependientes valencianos a los que se les ha reconocido el derecho a percibir una prestación o servicio se encuentra en la lista de espera, y donde los plazos de aplicación son más largos.
Y este arrebato por el Estado de Bienestar que le ha dado a Rajoy no es más que un intento de compensar todas y cada una de las realidades que puso de manifiesto el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia de la semana pasada en el Congreso de los Diputados. El debate suscitado a iniciativa de Zapatero en relación con la sostenibilidad del Estado de Bienestar, fue una oportunidad para reiterar el compromiso de los socialistas con las políticas sociales, con la igualdad de oportunidades, con el acceso a los servicios básicos y con la protección de las personas más frágiles. Un compromiso que parte del modelo logrado en España a lo largo de los últimos treinta años y en el que los socialistas hemos tenido un protagonismo relevante a la hora de llenar de contenido el mandato constitucional de construir un Estado social. La ley general de Sanidad, la extensión del derecho a una educación pública y gratuita hasta los 16 años; la integración social de los minusválidos que se completó posteriormente con la Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; las pensiones de jubilación e invalidez; las pensiones no contributivas; fueron algunos de nuestros logros hasta 1996.
Desde 2004, nuestro compromiso ha sido conquistar nuevos espacios, de manera singular en la atención a la dependencia y en la normas a favor de la igualdad y de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y si este impulso reformista se mantuvo durante los años de bonanza económica, en estos momentos, cuando la crisis ha afectado con dureza a muchos ciudadanos, el Gobierno socialista ha velado por el mantenimiento de la cohesión social.
De esta forma, las rentas de apoyo a los más desfavorecidos comenzaron a crecer más rápidamente que en el pasado, cuando no a recuperar el terreno perdido en los años previos. Desde 2004, las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo ha sido del 27% y en el caso de las viudas con cargas familiares del 50%; el Salario Mínimo Interprofesional ha pasado de 460 euros a 641; los presupuestos destinados a educación han crecido un 86%, un esfuerzo económico que, unido al realizado por las Comunidades Autónomas, ha situado los recursos destinados a educación por encima del 5% del PIB. También ha crecido espectacularmente el dinero destinado a Sanidad, al tiempo que se han impulsado políticas de racionalización del gasto farmacéutico.
Un hito destacado fue la aprobación, en 2006 de la Ley de Dependencia que junto a la sanidad, la educación y las pensiones conforma el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Hoy, casi 700.000 ciudadanos con dificultades para desarrollar una vida autónoma están recibiendo algún tipo de ayuda y, al mismo tiempo, ha generado una oportunidad de desarrollo empresarial con la creación de unos 260.000 empleos.
Pues bien, a pesar del esfuerzo de consolidación presupuestaria que el Gobierno ha tenido que realizar desde el pasado mes de mayo, después de la crisis de la deuda soberana, y de los acuerdos y compromisos que asumieron los países de la UE, el Gobierno ha mantenido, dentro de lo posible, los avances de la primera legislatura y ha prestado atención a las nuevas necesidades de protección y cohesión social planteadas por la propia crisis. Como consecuencia, entre 2008 y 2011, las partidas propias del gasto social en los presupuestos han aumentado un 22%, un 12% si excluimos las prestaciones por desempleo.
España ha dado un gran salto en los últimos treinta años en la construcción del Estado del Bienestar y de manera singular durante los siete últimos años. Los socialistas no vamos a dejar de lado nuestro compromiso con las políticas sociales, un compromiso que da sentido a nuestra vocación política, y que necesita para dar una mayor solidez al camino recorrido que culminemos el proceso de reformas del modelo productivo, afrontando de manera decidida los nuevos retos demográficos y de plena incorporación de los jóvenes y de las mujeres al mercado laboral.
