▪ El nuevo programa de ayudas, denominado Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones, financiará proyectos de despliegue de infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de banda ancha por los operadores de telecomunicaciones.
▪ Se apoyarán dos tipos de proyectos, los destinados a la universalización de la banda ancha de velocidad básica (1 Mbps) y los de redes de nueva generación con velocidades superiores a 50 Mbps.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas para fomentar el desarrollo integral de la banda ancha con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros en 2010 denominado Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones, cuyos detalles pueden consultarse en http://www.mityc.es/portalayudas/Paginas/index.aspx.
Las ayudas de la nueva línea se concederán mediante préstamos con bonificación de intereses para la financiación de proyectos de despliegue de infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de banda ancha por los operadores de telecomunicaciones.
Podrán beneficiarse de las ayudas los proyectos encuadrados en una de las dos líneas de actuación siguientes:
• Línea A. Universalización de la banda ancha de velocidad básica, con una velocidad de bajada de al menos 1 Mbps.
• Línea B. Impulso al desarrollo de la banda ancha de muy alta velocidad; redes de nueva generación con velocidades de bajada superiores a 50 Mbps.
El objetivo de la primera es extender la cobertura de la banda ancha de prestaciones básicas a la mayor parte del 3 por ciento de la población que actualmente carece de dicha cobertura. Con ello se persigue evitar la exclusión social de esta parte de la población que ahora no tiene un acceso adecuado a los servicios de la sociedad de la información, posibilitar el desarrollo económico de las zonas donde se realicen actuaciones y la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos mediante la e-administración.
La línea B tiene como finalidad impulsar la extensión del despliegue de las redes de nueva generación capaces de ofrecer la prestación de servicios de banda ancha de muy alta velocidad. De esta forma se potenciará el desarrollo económico a través de la mejora de la competitividad de las empresas de todos los sectores y de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Estas redes de nueva generación, que actualmente se encuentran en su fase inicial de despliegue, constituyen la base de las futuras redes de telecomunicaciones.
Esta nueva línea se enmarca dentro del eje de Infraestructuras del Plan Avanza2. Las actuaciones en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones tienen como objetivo contribuir a la consolidación de la industria del sector y mejorar la prestación de servicios relacionados con las TIC para implantar la sociedad de la información en todos los ámbitos.
Una de las principales contribuciones del Plan Avanza 2 es coadyuvar al cambio de modelo económico de nuestro país a través de las TIC, ya que la generalización de su uso genera un incremento de la competitividad y la productividad, además de favorecer la igualdad de oportunidades, dinamizando la economía y consolidando un modelo de crecimiento económico sostenible.
El pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó la estrategia de ejecución para el período 2011-2015 del Plan Avanza2, entre cuyas prioridades se encuentra el fomento de la inversión en redes de alta capacidad.
Otras medidas para potenciar la banda ancha
Adicionalmente, en relación con la banda ancha de prestaciones básicas, a raíz de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que otorga a los Estados miembros flexibilidad para definir lo que debe entenderse por acceso funcional a Internet y a tomar las medidas necesarias para asegurar su acceso en el ámbito del servicio universal, el Gobierno ha anunciado su intención de ampliar el ámbito del servicio universal para incluir el servicio de acceso a Internet de banda ancha a velocidades de bajada de al menos 1 Megabits por segundo, incluyendo la base jurídica de dicho derecho de los ciudadanos en el artículo 53 del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria.
Asimismo, para favorecer el despliegue de las redes de nueva generación, el MITYC está ultimando el desarrollo de un marco normativo propicio que incluye:
• El establecimiento de las reglas y requisitos que habrán de contener los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de nuevas líneas de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de interés general.
• La actualización de la normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en los Edificios (ICTs) y elaboración de un Plan de renovación de las ICTs ya instaladas.
• La elaboración de recomendaciones y buenas prácticas para la eliminación de obstáculos en el despliegue de las nuevas redes de acceso de nueva generación, tanto fijas como en movilidad.
La Generalitat debe a los Ayuntamientos 6.120 millones de euros, según los cálculos del PSPV-PSOE. El importe, que supera el billón de las antiguas pesetas, se obtiene de sumar tres conceptos: la deuda histórica (que los socialistas estiman en 3.500 millones), la deuda viva (que alcanza los 2.600 millones) y la prestación de servicios que se ven obligados a realizar (92 millones al año). El secretario de Política Municipal de los socialistas valencianos, Josep Maria Àngel, afirmó ayer que si el Consell saldara esa deuda con los Consistorios se crearían 150.000 puestos de trabajo.
La deuda histórica a la que se refirió Àngel proviene de la resistencia del Gobierno valenciano a crear el Fondo de Cooperación Municipal, que fue acordado en 1999, cuando todavía era presidente autonómico Eduardo Zaplana, por la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El importe acumulado durante esos 11 años asciende a 3.500 millones. La deuda viva está recogida en la fiscalización global de las cuentas de los consistorios hasta el año 2007, y ha sido generada por los proyectos comprometidos y pendientes de pago. Los servicios que los ayuntamientos se han visto forzados a prestar sin el apoyo del Ejecutivo autonómico, 92 millones al año, representan el 30% del presupuesto de las corporaciones locales.
«Camps perdió una gran oportunidad para solucionar los problemas de financiación de los Ayuntamientos valencianos cuando Les Corts aprobaron la Ley de Administración Local y el gobierno de la Generalitat incumplió el compromiso de abordar simultáneamente la reforma de la financiación local», declaró Àngel, que es alcalde de L’Eliana (Camp de Túria).