Por Susana Hidalgo
Así van por la vida algunos, como el vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, D.Juan Cotino. Es decir, yo me lo monto así (hipotéticamente hablando claro está), construyo apenas unas pocas residencias geriátricas públicas en la Comunidad Valenciana (por aquello de salvar las apariencias), la gran mayoría son geriátricos privados, que son construidas en gran parte con participación de mi familia y alguna empresa privada más, me aseguro que tengan suficientes plazas públicas subvencionadas por la Generalitat, porque con la Ley de Dependencia vamos a hacer CAJA.
Me explico; antes de aprobarse la Ley de Dependencia, la Conselleria por delegación tenía que pagar íntegramente a las residencias los gastos derivados de las plazas públicas. Con la nueva ley, el Gobierno Central paga la mitad y la Generalitat la otra mitad, así que sólo voy a hacer la valoración de los dependientes que ya ocupan una plaza en una residencia pública (muy pocas) y también en privadas (la mayoría de mi querida familia) y voy a obstaculizar al máximo, incluso pasándome la Ley por el Arco del Triunfo, a los nuevos dependientes que quieran entrar en el sistema y beneficiarse de una de las mejores leyes paridas en los últimos años. Y si la gente lo advierte y monta Plataformas en Defensa de la Ley o algo parecido, para eso tengo algunos medios de comunicación como CANAL 9, y si por un casual el Síndic de Greuges recibe más de dos mil denuncias al respecto hago oídos sordos.
Consigo que la Generalitat reciba por parte del Estado Central la mitad de los gastos que generan todos los dependientes ingresados en residencias geriátricas y no doy de alta en el sistema a nadie más, por eso cantidades de personas no ven que su valoración llegue. Aunque vengan a valorarlos al domicilio, la respuesta por parte de Conselleria de su Plan Individual de Atención no llega nunca. Además consigo que mi familia tenga aseguradas más de un tercio de las plazas en sus geriátricos privados con plazas públicas subvencionadas (residencias privadas que, en muchos casos, habrán construido en suelo municipal). Si se implanta la nueva Ley, estas residencias privadas tendrían que cerrar el negocio. Y por descontado que no doy las cifras reales de los dependientes que han solicitado la valoración, digo que la han solicitado unas 36.000 personas en nuestra comunidad, de las cuales casi todas han sido valoradas (las que ya están en un geriátrico privado con plaza pública) y en realidad hay más de 70.000 dependientes en la comunidad, casi la mitad pendientes de su valoración. Y para colmo de cara dura le echo la culpa a Zapatero, que no financia la Ley como debiera y así contribuyo a desacreditar a un gobierno con un color diferente al mío y el de mi amigo Camps.
Esto es para ir con la cara bien alta y bien dura, pero dura como una piedra del paleolítico superior. Con esa misma cara dura nuestra concejal de Bienestar Social, Dña Pilar Ortega, aprovecha cualquier oportunidad para vanagloriarse de su maravillosa gestión, ya que antes de su llegada al gobierno municipal solo existía la nada en materia social en Ibi (no tenemos geriátrico público por que no lo solicitaron los socialistas) y además arremete contra la Ley de Dependencia diciendo que es una ley que nace sin presupuesto. Para decir estas mentiras hay que tener la cara muy dura. Y el gran retraso en la puesta en funcionamiento del Centro de Día es para plantearse seriamente la dimisión, aunque ella pensará; «¿que prisa tienen estos dependientes?, si aún quedan dos años para elecciones».
Y lo mas grave, lo que no quieren entender, es que esta ley va más allá de una plaza en una residencia, que lo que pretende, y por eso se llama así, Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia, es que las personas dependientes puedan vivir con sus familias sin que ello supongo un gran sacrificio, que puedan estar acompañados por sus seres queridos hasta que la dependencia sea de tal grado que necesiten ser internados en una residencia, con todas las atenciones necesaria para una vida digna. Que los cuidadores de las personas dependientes tengan un respiro con Centros de Día, de estimulación y ayuda a la autonomía personal, con estancias cortas de fin de semana, con teleasistencia, con sueldos y alta en la seguridad social para los familiares directos, y ayudas para la contratación de cuidadores profesionales. En definitiva, que la sociedad contribuya en el bienestar de los más débiles, las personas que por circunstancias se encuentran en una situación de dependencia. Esto no debe ser un derecho que se pueda dar o quitar dependiendo del color político de los gobiernos, sino que debe ser un derecho como la educación, la sanidad o las pensiones, un derecho universal que por pura humanidad les pertenece.
