En los datos oficiales sobre la aplicación de la ley de la Dependencia, la Comunidad Valenciana no sale demasiado bien parada. Un ejemplo. Según el último informe, del 1 de enero, en nuestra Comunidad sólo hay 34.248 solicitudes presentadas para percibir estas ayudas frente a las 725.411 de toda España (un 4,7%). Castilla y León, con la mitad de población que la Comunidad Valenciana, ha presentado 33.500 solicitudes, es decir, casi las mismas.
Otro ejemplo. El número de peticiones ha aumentado de forma muy lenta en seis meses. De las 30.757 que había a finales de junio a las 34.248 a finales de diciembre. ¿Cómo se explican estas cifras tan pobres?
Según el Sr. Cotino, el problema reside en el programa informático que utiliza la Consellería para enviar los datos al Ministerio. Al parecer, este programa es incompatible con el que utiliza el Ministerio. Desde el departamento que dirige Juan Cotino declaran que «no se actualizarán los datos hasta que nuestros informáticos no acaben de implantar el programa del ministerio», «poco a poco estamos poniendo al día la información».
Desde Consellería de Bienestar Social reconocen que hay miles de solicitudes que no se han podido remitir al ministerio por esto y porque están en proceso de cribaje (no están completas, están triplicadas, hay que estudiarlas…). La Consellería se niega a dar la cifra exacta, pero apuntan que «serán unas 20.000 peticiones más», que habría que añadir a la cifra oficial.
¿Y estos problemas informáticos, sólo afectan a la Comunidad Valenciana?. «no lo sé», responden fuentes de la Consellería.
Viendo esta forma de gestionar las solicitudes, es innegable el poco interés del Gobierno de Camps en que la Ley de Dependencia funcione con normalidad en la Comunidad Valenciana, máxime viendo los recursos que invierten para acelerar cuestiones tales como la finalización, en el plazo fijado, del Circuito Urbano de Fórmula 1, para lo que movieron cielo y tierra, pusieron a trabajar a un batallón de operarios y destinaron los recursos económicos que fueron necesarios. Al final, el dinero de nuestros impuestos, que debería destinarse a mejorar los servicios públicos (una mejor sanidad, una mejor educación, procurar una vida mejor a los dependientes y a sus cuidadores, etc), el gobierno valenciano se lo gasta en sus caprichos.
Puede verse claramente qué es lo importante para el Partido Popular valenciano, que no duda en dar una «patada al Gobierno de Zapatero en el trasero de los valencianos dependientes».
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