Con 500 millones de euros – algo así como 83.500 millones de las pesetas de antes – se pueden hacer muchas cosas. El presidente del gobierno conservador valenciano, Francisco Camps, considera que con tan astronómica cantidad de dinero público al alcance de su mano, le ha llegado la hora de dar el primer salto de gigante para privatizar la sanidad pública valenciana. El salto lo ha dado. Pero, el jefe del “Consell” valenciano va a tener serios problemas con un recurso contencioso-administrativo, presentado por dos empresas sanitarias que denuncian “graves irregularidades” en concesión administrativa.
Por 497 millones de euros exactamente, la Generalitat Valenciana acaba de adjudicar la explotación del negocio de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos para los próximos 10 años, dejando la gestión totalmente en manos privadas. Las empresas “premiadas” con este contrato multimillonario – “el de mayor cuantía firmado por un gobierno regional en toda la Unión Europea”, destacan a El Plural fuentes médicas – son todas afines al PP valenciano.
Viejos conocidos
Concretamente, tres de las adjudicatarias (Beanaca, Eresa e Inscanner) son las mismas que se han beneficiado del anterior convenio de privatización de las resonancias hospitalarias, con una facturación total de 265 millones de euros en los últimos ocho años y cuyo plazo vence el próximo 1 de octubre.
Antecedentes
Fue Eduardo Zaplana – hoy en ostracismo político, reciclado en Telefónica – quien en el 2000 impulsó el primer convenio de esta índole, siendo entonces presidente autonómico. Casualmente, quien se llevó la parte del león del negocio fue su amigo íntimo, Carlos Paz Figueroa, administrador único de Beanaca, socio mayoritario en Inscanner y dueño de una triunfante clínica privada en Benidorm, todo al calor del PP.
Caballo ganador
Las dos cajas de ahorros valencianas, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), han apostado a última hora al caballo ganador de este sabroso concurso, en una Unión Temporal de Empresas (UTE), junto con las otras tres beneficiarias. Ambas entidades de ahorro son ya socias, al 50%, en la empresa “Ribera Salud”, partícipe en el polémico hospital de la Ribera en Alzira, de naturaleza “pública”, pero de gestión privada. Este hospital fue diseñado exclusivamente por el PP valenciano. Ahora se ha convertido “en el modelo a seguir en el resto de España”, según cacarean a los cuatro vientos muchos dirigentes del partido conservador que lidera Mariano Rajoy.
Partidos y sindicatos, al margen
A pesar de la estratosférica factura pública que supone el renovado y colosal convenio sanitario de “externalización” (eufemismo oficial del el PP para encubrir una privatización pura y dura de las resonancias), los partidos de la oposición y los sindicatos sanitarios han quedado al margen de todo el proceso de adjudicación. “Hemos estado privados de la más elemental información, vulnerando el principio de transparencia de la gestión pública”, denuncia a El Plural Arturo León, responsable autonómico del área de Sanidad del sindicato CC OO.
Los competidores
Pero quien posiblemente más ha sufrido el oscurantismo del Ejecutivo del PP valenciano en este escandaloso asunto – por el que se han disparado todo tipo de sospechas – ha sido, paradójicamente, la otra UTE en liza, formada por Grupo 3-Recoletos y Diagnosalud. Su propuesta económica ha quedado finalmente descartada, “pese a que hemos ofertado una opción de 100 millones de euros más barata que la que ha sido licitada”, subraya a El Plural, el director-gerente en Valencia de Diagnosalud, Alberto Lozano.
Criterios poco claros
El gobierno de Camps no ha facilitado tampoco ninguna justificación pública sobre qué criterios han prevalecido en la decisión final para que se lleven el gato al agua las mismas empresas que ya le han dado un buen bocado a este negocio de privatización sanitaria, comenta a este diario el diputado autonómico socialista, Ignacio Subias.
A la Justicia
Por todas estas circunstancias y otras irregularidades detectadas de índole financiera y técnica – “que han acabado viciando este proceso de adjudicación”, matiza el mismo director-gerente de Diagnosalud, Alberto Lozano – las dos empresas descartadas han decidido presentar un recurso contencioso administrativo, basándose en pruebas contrastadas y suficientes para que la justicia declare nula la concesión.
Convenios incumplidos
En un informe de alegaciones y denuncias, – al que ha tenido acceso El Plural, sobre el que se apoya el recurso contencioso de Grupo 3-Recoletos-Diagnosalud contra el gobierno de Camps – se hace hincapié en que las empresas Erase, Beanaca e Inscanner “han incumplido el primer convenio de resonancias en numerosas ocasiones”. Una de ellas ha sido que no se han renovado los equipos de diagnóstico, como lo estipula el contrato. Esta obligación no satisfecha por las tres mercantiles está sancionada expresamente con la “inhabilitación para poder presentarse a otro concurso público”. Pese a todo, se les ha vuelto a adjudicar el mismo convenio por segunda vez.
