Los vientos de liberalismo económico que recorren Europa acaban de desembocar en la aprobación por parte de los ministros de Trabajo de la UE de una directiva que, sin exageraciones, supone el retroceso de un siglo en los derechos alcanzados por los trabajadores en cuanto a la duración de la jornada.
Actualmente, ese límite se sitúa en Europa en las 48 horas semanales (un techo aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1917), pero la directiva de la UE eleva hasta las 60 horas semanales, o a las 65 en algunos casos, como el de los médicos, la jornada laboral máxima. Se rompe así una tendencia histórica de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
La directiva, a la que España se ha opuesto, aunque al final el ministro Celestino Corbacho se abstuvo en la votación, debe pasar ahora por el Parlamento Europeo, donde van a ponerse a prueba las convicciones obreristas de los partidos de la izquierda. El Gobierno español ha anunciado que trabajará para que la Cámara europea rechace un proyecto que se aprueba tras cuatro años de debates, entre otras cosas por la tenaz oposición de Madrid, que bloqueaba la iniciativa, junto con Francia e Italia. Los cambios de Gobierno en París y Roma, con las llegadas de Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, han terminado por dejar a España sin capacidad de oposición.
Los promotores de la directiva, entre otros, británicos y alemanes, defienden que cada empleado pueda tener la libertad de negociar individualmente con el empresario la duración de su jornada de trabajo, algo que va contra la práctica sindical tradicional, que ha alumbrado el sistema de convenios colectivos y de cartas de derechos y deberes de los trabajadores. Argumentan que el sistema de guardias que afecta a diferentes colectivos, como el de los médicos, aconseja la flexibilización. Pero parece evidente que lo que hay detrás de la directiva aprobada ayer en Bruselas es un paso de Europa en el camino equivocado para hacer frente a los nuevos desafíos de la economía global.
Es cierto que las industrias europeas compiten en el mercado mundial con las de países donde los trabajadores no han alcanzado ni de lejos el bienestar conquistado aquí a base del sacrificio de muchos. Pero sería un error histórico eliminar en aras de la competitividad los derechos básicos de los trabajadores.
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