El PAIS. Parlamentarios conservadores y socialistas exigen al Ejecutivo que imponga una moratoria en la Comunidad para impedir «los abusos» de los promotores.
El urbanismo del Consell cosechó ayer un nuevo varapalo en Bruselas. Eurodiputados conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) y socialistas reclamaron una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que se modifique la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para impedir «abusos» por parte de los promotores y garantizar los derechos de propiedad. Los parlamentarios reclamaron la intervención del Gobierno de España «si la Generalitat Valenciana sigue negándose a cumplir las exigencias» de la Comisión Europea y de la Eurocámara. A su vez, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará hacer un nuevo informe sobre el urbanismo en la Comunidad después de una tensa reunión en la que representantes de asociaciones y particulares denunciaron supuestas irregularidades.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la LUV ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2007 por considerar que vulnera la normativa comunitaria en materia de contratación pública y está ahora a la espera de sentencia. Por su parte, la Eurocámara ha enviado tres misiones a distintas comarcas de la Comunidad y ha aprobado hasta cuatro resoluciones en las que ya reclamaba la moratoria urbanística hasta que se modificara la legislación.
El eurodiputado conservador británico Neil Parish, el laborista Michael Cashman y el verde David Hammerstein reiteraron ayer esta petición de una moratoria en una conferencia de prensa ofrecida antes del nuevo debate sobre el urbanismo valenciano en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, y en la que se analizaron una quincena de denuncias. En la comparecencia participaron también el presidente de la asociación «Abusos Urbanísticos No», Enrique Climent, y el alcalde de Parcent, Máximo Revilla. Mientras Climent volvió a defender los intereses de cientos de ciudadanos extranjeros afincados en la Marina Alta y afectados por la LUV, Revilla intentó recabar apoyos contra el desarrollo de tres macroproyectos urbanísticos en Parcent autorizados poco antes de la entrada en vigor de esta controvertida ley.
La reunión de la Comisión de Peticiones se prolongó durante más de tres horas y sus miembros acordaron convocar una nueva reunión el 26 de mayo con los coordinadores de los partidos presentes en la Eurocámara «para formular una serie de recomendaciones firmes y conjuntas», explicó Jacquil Cotterill, teniente de alcalde de Parcent, presente en el debate. «La comisión se ha tomado muy en serio las quejas», explicó Cotteril, que precisó que el presidente de este órgano, el polaco Marcin Libicki, descartó la posibilidad de emitir ayer una resolución «debido a la diversidad de las denuncias y los casos expuestos».
Por su parte, el alcalde de Parcent subrayó la «coincidencia» de la gran mayoría de parlamentarios, tanto por su país de procedencia como por su adscripción ideológica, a la hora de reclamar a la Generalitat Valenciana «el cumplimiento de las leyes y las directivas europeas».
Por el Grupo Popular intervino también el europarlamentario español José Manuel García-Margallo, que expresó su comprensión con los afectados y su extrañeza por el hecho de que la gran mayoría de las peticiones proceda de la Comunidad Valenciana. A su juicio, se intenta criminalizar injustificadamente el urbanismo autonómico. Previamente, la secretaria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, María Angeles Ureña, defendió ante los eurodiputados que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) cumple las normas europeas de compras públicas, mientras un representante de la Comisión Europea afirmó lo contrario y recordó que está en manos del Tribunal de Justicia de la UE.
En el tenso debate de la comisión, hubo alusiones a proyectos en Monóvar, en Riba-roja de Turia (Valencia), y en los parques naturales de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, La Casella y La Albufera. Asimismo, varias pensionistas británicas se quejaron de que sus viviendas en Catral (Alicante) pueden ser demolidas por ilegales, pese a haberlas adquirido «de buena fe». Presente en la sesión, el alcalde de Catral, Aurelio David Albero (PP), se comprometió a legalizarlas. Las denuncias ciudadanas se intercalaron con debates llenos de tensión entre los eurodiputados.
Antes de la reunión de la comisión, el eurodiputado laborista Michael Cashman, que es el vicepresidente de la comisión de Peticiones, pidió que la moratoria se aplique específicamente a las expropiaciones de suelo y a la demolición de casas edificadas ilegalmente. «Esto es esencial si se quiere que la economía española, y especialmente la construcción, se recupere. En estos momentos hay una falta de confianza en el mercado, que está desbordado por un exceso de urbanización», precisó. El vicepresidente de la Comisión de Peticiones resaltó que el Gobierno valenciano ha desoído hasta ahora todas las recomendaciones de la Unión Europea en materia de urbanismo y reclamó la intervención del Gobierno central para resolver la situación. Cashman consideró que, pese a que las competencias urbanísticas recaen en las autoridades autonómicas y municipales, el Gobierno central debe actuar pues, es «el Reino de España el que ha firmado los Tratados de la UE» y «es el responsable legal, penal y financiero» de su cumplimiento.
Por su lado, el eurodiputado conservador británico Neil Parish dijo que la moratoria «es una buena idea, no sólo desde el punto de vista medioambiental y de los derechos de la propiedad, sino desde el punto de vista del mercado, porque no tiene sentido que España, y esta zona en particular [en referencia a la Comunidad Valenciana], siga construyendo y construyendo mientras los precios caen. Es una situación loca», sentenció.
También se mostró partidario de una moratoria urbanística el eurodiputado verde David Hammerstein, aunque puntualizó que no debería afectar a los derribos de edificaciones ilegales. «Yo haría una moratoria sobre los proyectos que siguen leyes que están ante el Tribunal Europeo de Justicia. Si mañana se modifican las leyes urbanísticas valencianas de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento, no tengo ningún problema en que se haga un plan urbanístico», añadió. En todo caso, Hammerstein aseguró que «no hace falta una moratoria legal porque ya existe una moratoria «de facto»» y resaltó que el sector de la construcción «ha caído por su propia especulación desbocada» en la Comunidad.
Por su parte, el presidente de la plataforma «Abusos Urbanísticos No», Enrique Climent, dijo que los problemas de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana «persisten» porque las leyes urbanísticas los han propiciado con su «permisividad». «Se debe aprovechar la situación actual de la economía española, y en particular de la economía valenciana, que se ha resentido totalmente puesto que el mercado de la construcción ha descendido a niveles que no se conocían desde hacía muchos años, para aprobar de una vez una moratoria urbanística que permita la discusión y la consulta a los ciudadanos para modificar estas leyes que han propiciado tales desmanes», reclamó Climent, que destacó que el Gobierno valenciano rechaza escuchar las demandas de la plataforma. También intervino en la comparecencia el alcalde de Parcent, que pidió el amparo de la Eurocámara para paralizar los planes urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP que, según destacó, multiplicarían por seis la población de este municipio de 1.000 habitantes. Máximo Revilla subrayó que estos planes urbanísticos -El Replà, La Solana y El Cantalar- se aprobaron sin informe de impacto ambiental.
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